"Es muy humillante", me dijo hace unos días Adila, una detenida, cuando se quejaba de la requisa corporal al desnudo que la sometían cada vez que la visitaba su familia y cada vez que la escoltaban guardias penitenciarios al hospital fuera de la prisión.
La humillación que sufre Adila no es un caso aislado. Todos los días, mujeres de distintos países y regiones son sometidas a requisas durante su estancia en prisión. Esta práctica puede ser humillante hasta el punto de que las mujeres pueden preferir no recibir visitas para evitar que las requisen desnudas. Las requisas corporales también pueden afectar a las mujeres que visitan a sus seres queridos en prisión.
¿Cuestión de dignidad o de seguridad?
Cuestionar las prácticas de detención es fundamental para vigilar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Una simple pregunta como "¿por qué ocurre?" puede ser una poderosa herramienta para evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos.
Cuestionar la forma en que se llevan a cabo las requisas corporales en la práctica es un claro ejemplo de ello. Al preguntar a la dirección y al personal penitenciario por qué se realizan las requisas corporales en determinados momentos y de determinada manera, las instituciones de monitoreo suelen oir que se trata de una cuestión de seguridad. Pero, ¿pueden las cuestiones de seguridad justificar en todo momento las requisas corporales? La respuesta corta es no. Garantizar la seguridad en prisión no puede ser una justificación para llevar a cabo prácticas que atentan contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales.
La seguridad es una preocupación real y legítima y los Estados tienen el deber ineludible de garantizar el buen orden y la seguridad interna en los lugares de privación de libertad. En este sentido, las requisas corporales pueden ser medios necesarios y legítimos para evitar que las personas detenidas tengan acceso a objetos o sustancias peligrosas o prohibidas, que puedan amenazar la seguridad del personal, de otras personas privadas de libertad y de las personas visitantes.
Al mismo tiempo, al privar de libertad a una persona, los Estados tienen el deber de garantizar el disfrute de todos aquellos derechos fundamentales que no se vean restringidos por la privación de libertad. El derecho a la dignidad es inherente a todos los seres humanos y es uno de los derechos fundamentales que los Estados deben garantizar en todo momento, incluso en el contexto de la privación de libertad. Como reafirman las Reglas Nelson Mandela, "todos los reclusos serán tratados con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes como seres humanos" (Regla 1).
Aunque a veces son necesarias por motivos de seguridad, ciertas prácticas de detención entrañan un alto riesgo de discriminación, abusos y malos tratos, por su naturaleza pero también por la forma en que se aplican.
Las requisas se cuentan entre esas prácticas de riesgo. Pueden adoptar distintas formas, como las requisas en los que la persona permanece vestida, las requisas al desnudo pero sin contacto físico y las requisas invasivas o de cavidades corporales que implican un examen físico de los orificios corporales.
Las requisas corporales son situaciones en las que el abuso es posible, ya que pueden implicar desnudez y contacto físico, circunstancias que aumentan el riesgo de humillación y maltrato. Debido a su naturaleza intrusiva y a la violación de la intimidad de la persona, las requisas corporales pueden ser especialmente traumáticas para las mujeres detenidas, pero también para las mujeres visitantes.
Esto se agrava en el caso de las mujeres que han sufrido violencia sexual u otro tipo de traumas. Además, la intersección entre el género y otros factores, como la orientación sexual, la identidad y expresión de género, la religión, la etnia y la raza, puede exponer a ciertas mujeres detenidas a un mayor riesgo de discriminación, abusos y violencia durante las requisas corporales.
Las requisas humillantes, en particular las requisas corporales y sin ropa, pueden incluso constituir tortura o malos tratos cuando se realizan por motivos discriminatorios y provocan dolor o sufrimiento grave, físico o mental.
Un conjunto específico de normas internacionales
El uso de registros corporales debe respetar la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecida por el derecho internacional, que no sólo está consagrada en numerosos tratados, sino que también está reconocida como norma de derecho consuetudinario.
Teniendo en cuenta el riesgo inherente que supone el uso de las requisas corporales, varias normas internacionales y regionales de derechos humanos han incluido disposiciones específicas relativas a las requisas corporales de personas privadas de libertad. Las Reglas de Bangkok de 2010, en particular, prevén la protección específica de las mujeres privadas de libertad, incluso en relación con las requisas corporales, complementando las disposiciones establecidas en las Reglas Nelson Mandela de 2015.
Tanto las Reglas Nelson Mandela (Regla 50) como las Reglas de Bangkok (Regla 19) especifican que el respeto a la dignidad de la persona registrada es la principal prioridad a la hora de realizar registros corporales en los lugares de detención. Las normas internacionales (Regla 50 de las Reglas Nelson Mandela) y regionales, como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y las Reglas Penitenciarias Europeas, también establecen que las requisas corporales sólo pueden ser legítimas si siguen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esto significa que las requisas corporales no deben aplicarse sistemáticamente como medida general a todas las personas detenidas, sino que deben responder a riesgos específicos identificados. Además, la mayoría de las normas progresistas también han incluido la prohibición de las requisas de cavidades por su naturaleza invasiva.
Además, las normas internacionales y regionales también han definido las modalidades en que deben llevarse a cabo las requisas corporales para mitigar los riesgos inherentes que conllevan. En este sentido, las Reglas de Bangkok 19-21 establecen que las requisas corporales de mujeres deben ser realizados únicamente por personal femenino con la formación adecuada. También es muy importante que las requisas corporales se lleven a cabo en condiciones sanitarias adecuadas y que queden debidamente registradas, incluidos los motivos de las requisas y las identidades de la persona registrada y de las personas que realizan el registro (Regla 51 de Nelson Mandela).
Teniendo en cuenta las el impacto psicológico y físico negativo de las requisas corporales, deben privilegiarse otros métodos alternativos de inspección, como los escáneres, para sustituir a las requisas sin ropa e invasivos de las mujeres (Regla 20 de Bangkok). Cuando las requisas corporales sean inevitables, deberán realizarse en dos fases (primero de cintura para arriba y luego de cintura para abajo) para evitar que la persona quede completamente desnuda.
¿Cómo controlar las requisas en la práctica?
Las instituciones de monitoreo desempeñan un papel crucial en el control de las requisas a mujeres detenidas. Para apoyar su labor, la APT ha desarrollado una serie de herramientas, entre las que se incluye el documento de análisis recientemente publicado "Mujeres detenidas: Registros corporales. Mejorar la protección en situaciones de vulnerabilidad" y la base de datos Detention Focus.
Para vigilar eficazmente las requisas corporales, las instituciones de monitoreo deben comprobar si están claramente regulados en las leyes, políticas, reglamentos y procedimientos nacionales, y si cumplen las normas internacionales más progresistas. Siempre que sea necesario, las instituciones de monitoreo deben proponer cambios y enmiendas a las leyes y políticas existentes para garantizar que se ajustan a las normas internacionales.
Y lo que es aún más importante, las instituciones de monitoreo están en una posición única para monitorear cómo se llevan a cabo las requisas corporales en la práctica. Aunque las leyes y políticas sobre las requisas corporales cumplan las normas internacionales, su aplicación puede ser problemática. Por lo tanto, es crucial que la información recopilada por las instituciones de monitoreo se verifique a través de diferentes fuentes, un proceso conocido como "triangulación".
Por ejemplo, los reglamentos penitenciarios pueden definir claramente los motivos y las modalidades de las requisas corporales de las mujeres encarceladas, de conformidad con las normas internacionales y regionales. Sin embargo, es posible que el personal penitenciario no conozca dichas normas y/o no las siga cuidadosamente. Las requisas corporales pueden aplicarse sistemáticamente a todas las mujeres detenidas, como política general, sin una evaluación individual, o utilizarse de forma desproporcionada con determinadas mujeres por motivos discriminatorios.
La única forma de obtener información precisa es comprobar las leyes y políticas existentes, revisar las requisas de detención, comprobar los programas de formación, entrevistar en privado a las mujeres privadas de libertad y a las personas visitantes, entrevistar al personal, observar directamente el lugar donde se realizan las requisas corporales y comprobar de primera mano la disponibilidad y el funcionamiento de métodos alternativos para las requisas corporales, por ejemplo, escáneres y rayos X.
De este modo, las instituciones de monitoreo pueden comprobar si las requisas corporales e invasivas se utilizan como último recurso y cuando son estrictamente necesarios. Basarse en diferentes fuentes, en particular entrevistas con mujeres privadas de libertad y mujeres visitantes, es clave para comprender las modalidades de las requisas corporales y su impacto en las mujeres detenidas y visitantes.
Una vez más, se trata de preguntarse el "por qué", cuestionando las razones por las que se utilizan las requisas corporales. También se trata del "cómo", cuestionando las modalidades en que se llevan a cabo las requisas corporales en la práctica. Basándose en sus conclusiones precisas, las instituciones de monitoreo pueden formular recomendaciones y contribuir a cambiar leyes, políticas y prácticas.
