A pesar de haber ratificado el tratado internacional sobre la prevención de la tortura y malos tratos en 2004, Argentina sigue en mora con la efectiva implementación del mismo y debe tomar medidas para poner fin a los abusos y violaciones que ocurren en los centros de detención del país.
En un pronunciamiento público, la APT insta al Estado argentino a seleccionar a la brevedad las y los miembros del futuro Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Con este paso, Argentina cumpliría con sus obligaciones en virtud del OPCAT y pondría en marcha el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura establecido por ley en 2013.