Salvaguardias

La tortura ocurre en secreto, cuando las personas están aisladas del mundo exterior y dependen totalmente de quienes las detienen para su cuidado y seguridad.

Las salvaguardias procesales, respetadas en la práctica por las autoridades, son esenciales para aportar transparencia y garantizar el acceso al mundo exterior. Estas salvaguardias son especialmente importantes durante las primeras horas de detención, cuando el riesgo de tortura y malos tratos es mayor.

Las salvaguardias en materia de detención están recogidas en normas internacionales y regionales. Apoyamos y animamos a las autoridades encargadas de la detención a que apliquen estas salvaguardias. También ayudamos a los órganos de monitoreo a vigilar su aplicación y a formular recomendaciones al respecto.

CÓMO TRABAJAMOS

En Malasia, Filipinas y Tailandia, trabajamos en nuestro proyecto #SafeInCustody para acabar con las confesiones forzadas y la detención en régimen de incomunicación durante la custodia policial.

En Madagascar, hemos trabajado con las autoridades para establecer un registro de custodia y una carta de derechos para las personas detenidas.

En Brasil, seguimos abogando para que las audiencias de custodia, celebradas en las 24 horas siguientes a la detención, se lleven a cabo en persona, en lugar de mediante videoconferencia.

SALVAGUARDIAS DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE DETENCIÓN

El acceso a un/a abogado/a desde el primer momento de la privación de libertad es una salvaguarda clave para garantizar el acceso a la defensa letrada y reducir el riesgo de tortura y malos tratos. El contacto con un/a abogado/a bajo custodia policial es clave, así como durante la entrevista policial.

Notificar inmediatamente a los/as familiares del arresto y detención de una persona reduce el riesgo de tortura y malos tratos al fomentar la transparencia. Permite a los/as familiares visitar a la persona privada de libertad, si se les permite, y confirmar su bienestar y organizar la representación legal.

El acceso a un/a médico/a desde los primeros momentos de la detención de una persona no sólo defiende un deber fundamental de las autoridades, sino que contribuye a reducir el riesgo de tortura. Un/a médico/a puede evaluar si una persona ha sufrido malos tratos y garantizar que se le presten los cuidados necesarios.

La información sobre estos derechos es esencial para que todas las personas privadas de libertad puedan ejercerlos. La información debe estar disponible en idiomas y formatos comprensibles para todas las personas detenidas.

OTRAS SALVAGUARDIAS CLAVE

El acceso a un/a juez/a permite a las personas detenidas impugnar la legalidad de su detención (habeas corpus) y garantiza el monitore del trato que reciben durante su detención y custodia. También permite al juez/a garantizar que se respetan los derechos de las personas detenidas y responder a cualquier denuncia o indicio de malos tratos. El juez/a debe ver a la persona detenida en persona.

El acceso a un procedimiento de denuncia eficaz ayuda a garantizar que se respetan los derechos de las personas detenidas y que se puedan denunciar e investigar las infracciones de esos derechos. Estos mecanismos pueden adoptar diversas formas, pero deben ser independientes, accesibles, confidenciales, imparciales y exhaustivos, y proporcionar una respuesta rápida con posibilidad de recurso.

La grabación en audio y vídeo de las entrevistas policiales es una salvaguardia clave para proteger contra los interrogatorios coercitivos y las confesiones forzadas. También protege a las fuerzas de seguridad frente a falsas acusaciones de tortura y malos tratos.

Las autoridades deben mantener archivos y registros precisos, adecuados a cada institución, como registros de la prisión, un registro diario, registros disciplinarios, registros médicos, así como expedientes individuales de las personas detenidas. Estos registros ayudan a prevenir abusos y malos tratos y son una protección contra las desapariciones forzadas.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Algunas personas pueden sufrir vulnerabilidades adicionales cuando están privadas de libertad, como las mujeres, los niños y las personas LGBTI+, entre otras. Es necesario ofrecer apoyo y salvaguardias adicionales para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad frente a la violencia y la discriminación.