En un acto organizado por el Consorcio Unidos contra la Tortura al margen de la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, expertos de las Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad civil debatieron estrategias eficaces y buenas prácticas para reforzar las salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos antes, durante y después de las protestas y reuniones.
Un elemento central de los debates fue el nuevo Protocolo modelo para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para promover y proteger los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas. El Protocolo, presentado en el 55º periodo de sesiones del Consejo en curso por el Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, está diseñado para mejorar la capacidad y las prácticas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Se basa en leyes, normas y buenas prácticas internacionales de derechos humanos, con el objetivo de que cumplan con su deber de promover y proteger los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas. El protocolo forma parte de un amplio conjunto de herramientas de promoción y protección de los derechos humanos durante reuniones pacíficas, elaborado en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En el acto se subrayaron los efectos perjudiciales del uso de la tortura para restringir el espacio cívico, describiéndolo como una amenaza para el tejido mismo de la democracia, que perpetúa los ciclos de violencia.
"Hemos sido testigos de un creciente número de actos de violencia policial en reuniones pacíficas y de estos intentos de restringir el espacio cívico. Hay que facilitar las protestas pacíficas y proteger a los manifestantes pacíficos".
El acto, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, también arrojó luz sobre el imperativo de ofrecer mayor protección a las mujeres que participan en protestas, en particular frente a la violencia sexual y de género, que equivale a tortura y otras formas de malos tratos.
Las protestas son importantes sobre todo para las mujeres. Promover y proteger los derechos de la mujer se extiende a la movilización y las protestas. Rindo homenaje a las mujeres que luchan por sus derechos en todo el mundo.
En el acto se expusieron recomendaciones clave para promover prácticas policiales basadas en los derechos humanos en la facilitación de protestas pacíficas, incluida la importancia de garantizar que el material y las actuaciones de las fuerzas del orden se ajusten a las normas legales.
Veo a la policía y a las fuerzas del orden como agentes de derechos humanos. Están ahí para proteger los derechos civiles de las personas. Es fundamental que, cuando la policía reciba material, sepa que lo que utiliza es legal.
Basándose en las experiencias de Egipto y Colombia, el acto también hizo hincapié en la importancia de mejorar las medidas de prevención, protección, rendición de cuentas y reparación en relación con la tortura y los malos tratos que se producen en el contexto de las reuniones. Al término de los debates, quedó patente que es imperativo realizar esfuerzos concertados para reforzar la protección contra la tortura y los malos tratos a fin de garantizar el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de las personas que participan en protestas pacíficas en todo el mundo.
Moderado por la Secretaria General de la APT, Barbara Bernath, el evento comenzó con las palabras de apertura de S.E. el Embajador Thomas Wagner y contó con un panel compuesto por el Sr. Clément Voule, Relator Especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, la Dra. Alice Jill Edwards, el Sr. Ahmed Mefreh, Director Ejecutivo del Comité por la Justicia, y la Sra. Ana María Rodríguez, Directora de la Comisión Colombiana de Juristas.
Acerca del Consorcio Unidos contra la Tortura
El Consorcio Unidos contra la Tortura aúna las fuerzas y la experiencia de seis organizaciones líderes en la lucha contra la tortura (APT, FIACAT, IRCT, OMCT, Omega Research Foundation y REDRESS), en colaboración con más de 200 organizaciones de la sociedad civil de más de 100 países, para fortalecer y ampliar el movimiento contra la tortura. El proyecto está financiado por la Unión Europea.
