La APT ha acogido con satisfacción un proyecto piloto de la Defensoría Penal Pública (DPP) de Chile que ha establecido visitas diarias a las unidades policiales por parte de defensores/as públicos/as especializados/as que asisten a las personas detenidas en los momentos críticos posteriores a la detención.
Desarrollado a través de la Defensoría Regional del Maule, el proyecto de defensa de la unidad policial pretende plasmar una salvaguardia clave establecida en los Principios Méndez sobre entrevistas efectivas: la importancia de garantizar que todas las personas entrevistadas tengan acceso a un/a abogado/a.
Como parte de nuestra visita a Chile en diciembre de 2022, la APT, junto con el Mecanismo Nacional de Prevención y el Ministerio de Asuntos Exteriores chileno, organizó un debate sobre los Principios Méndez para contrapartes nacionales interesadas.
La visita a Chile fue una oportunidad para debatir y reflexionar sobre la importancia de las siguientes garantías.
El acceso a un/a abogado/a y/o especialista tiene un efecto preventivo
El riesgo de tortura y malos tratos es mayor durante los primeros momentos de la detención. Para evitar que se produzcan, es vital que la policía aplique y respete en la práctica las garantías procesales.
La presencia de un/a abogado/a es fundamental ya que:
- Tiene un efecto disuasorio sobre los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley
- Puede proteger a los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley si se enfrentan a acusaciones infundadas de maltrato
- Está estrechamente vinculado al derecho a la defensa y al derecho humano al debido proceso, ya que, si se deja a una persona detenida sin la asistencia de un/a abogado/a, puede ser llevada a juicio sin una acusación adecuada y condenada sobre la base de pruebas incompletas, o pruebas irrelevantes para el caso o pruebas inadmisibles por otros motivos, incluidas las pruebas obtenidas mediante tortura.
Las personas detenidas a menudo carecen tanto de las habilidades como de los conocimientos necesarios para ejercer sus derechos. Por ello, la asistencia de un/a abogado/a es esencial para explicarles sus derechos, cómo ejercerlos y guiarles en cada paso del proceso. Un/a abogado/a también puede ayudar a las personas detenidos/as a acceder a los mecanismos de denuncia cuando ya se han producido abusos.
La presencia de un/a abogado/a y/o de un/a especialista jurídico debe ser lo más inmediata posible en el momento de la detención
Puede haber confusión -y un vacío legal- en la identificación del momento específico en que un/a abogado/a debe estar presente con la persona detenida. Nuestra visita a Chile nos confirmó lo que varios organismos de derechos humanos han señalado: "la presencia del abogado/a debe ser inmediata, al inicio de la privación de libertad".
Los Principios Méndez reiteran la importancia de garantizar que esta salvaguarda se aplique en el primer momento en que una persona es privada de libertad. Además, nuestra investigación ¿Funciona la prevención de la tortura? constató que en los países en los que los/as abogados/as estaban físicamente presentes en las comisarías, de forma gratuita y permanente (Reino Unido), el trato a las personas detenidas mejoraba.
Un/a abogado/a o una persona con conocimientos de derecho penal y especialista en las primeras fases de la detención es esencial para prevenir la tortura
Los/as abogados/as deben tener conocimientos y experiencia específicos sobre las primeras fases de la detención. Idealmente, el/la abogado/a debe cumplir un nivel mínimo de profesionalidad en el desempeño de sus funciones. Estos deberes consisten en proteger y promover los derechos de las personas detenidas en la medida de sus posibilidades.
La visita de la APT a Chile puso de relieve que, a través de iniciativas como el proyecto de defensa de la unidad policial, el cambio es posible, pero requiere coordinación interinstitucional, recursos, planificación y un compromiso con la prevención de la tortura, incluido el reconocimiento del papel clave de los/as abogados/as y de quienes proporcionan orientación jurídica.
Por supuesto, se necesitan recursos financieros y humanos para que este proyecto tenga un impacto nacional. Además, también son necesarios espacios dedicados para garantizar que las entrevistas entre las personas detenidas y sus abogados/as sean confidenciales, para lo cual los Principios Méndez proporcionan directrices relevantes.
