Cuando hablamos de prevención de la tortura, uno de los primeros grupos que nos vienen a la mente son las instituciones de monitoreo -conocidas como Mecanismos Nacionales de Prevención- y la ardua labor que realizan para monitorear los lugares de detención y defender los derechos de las personas privadas de libertad. Pero, a veces, se nos puede olvidar que la prevención de la tortura y los malos tratos es una responsabilidad conjunta.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) lo deja claro: los Estados son los principales responsables de prevenir la tortura y los malos tratos. Sin embargo, cuando las diferentes partes interesadas se reúnen, podemos replantear el enfoque y desarrollar nuevas estrategias conjuntas para prevenir la tortura y los malos tratos.
La APT visitó Panamá del 27 de noviembre al 6 de diciembre con el objetivo de promover el valor de la colaboración para la prevención de la tortura y la necesidad de adoptar enfoques diferenciados para mujeres, personas LGBT+ y personas con discapacidad privadas de libertad a la hora de adoptar un enfoque preventivo.
Una fuerte cooperación entre todos los actores en el ámbito de la prevención de la tortura es esencial para impulsar un cambio a largo plazo en Panamá. Fue increíblemente valioso reunirnos con las diferentes partes interesadas e identificar oportunidades para reforzar la colaboración.
Sara Vera López, Asesora Principal para América Latina y Monitoreo de la APT
Organizaciones de la sociedad civil: un papel clave en el seguimiento de las recomendaciones
Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel clave que desempeñar en la prevención de la tortura, especialmente en el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales, incluido el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT). También pueden ayudar a identificar y sensibilizar sobre los riesgos de tortura y malos tratos en diferentes entornos de detención y a los que se enfrentan los distintos grupos de personas detenidas. Como parte de la misión, la APT se reunió con organizaciones de la sociedad civil para debatir los retos y las oportunidades del trabajo conjunto en la prevención de la tortura.
Jueces y juezas: Impartir justicia penal y penitenciaria con enfoques diferenciados
Las consecuencias de la tortura y los malos tratos son diferentes para cada persona, al igual que los riesgos. Las personas con discapacidad, y en particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a un mayor riesgo de tortura y malos tratos. Por lo tanto, es necesario impartir justicia desde enfoques diferenciados para atender sus necesidades, aplicando medidas alternativas al encarcelamiento cuando surja la posibilidad. Durante la visita, la APT tuvo la oportunidad de realizar -junto con la Unidad de Género del Órgano Judicial panameño- un seminario sobre personas con discapacidad y privación de libertad. El seminario contó con la participación de jueces/as, fiscales, autoridades migratorias, defensores/as públicos/as y otros actores relevantes.
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: El mandato preventivo desde la perspectiva de género y de las personas LGBT+
Cuando entran en contacto con el sistema de justicia penal, las mujeres y las personas LGBT+ se enfrentan a riesgos particulares de tortura y malos tratos; por ejemplo, violencia sexual y de género. Durante la misión, la APT dirigió una serie de actividades para apoyar al MNP y al personal clave de la Defensoría del Pueblo en el desarrollo de conocimientos y herramientas para implementar un enfoque sensible al género en relación con los riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres y las personas LGBT+ privadas de libertad.
"Estas iniciativas de la APT en Panamá generan nuevas formas de incidencia y sensibilización sobre temas de prevención con actores clave en la difusión de temas relacionados con el mandato del MNP", afirmó Fernando Wing, Director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
