La APT ha trabajado junto a 16 mecanismos nacionales y locales de prevención (MNP/MLP) para preparar unas observaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se identifican medidas prácticas para promover la seguridad y la dignidad de las personas LGBTI privadas de libertad.
La histórica contribución - la primera vez que la APT ha trabajado en este tipo de documento en colaboración con tantos MNP/MLP - responde a la experiencia generalizada de discriminación y violencia a la que se enfrentan las personas LGBTI en toda América Latina en su vida cotidiana y que se ve exacerbada en los lugares de detención.
En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó contribuciones escritas sobre la solicitud de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a "Enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad", que considera la desigualdad a la que se enfrentan los grupos en situaciones de vulnerabilidad en la detención, incluidas las personas LGBTI.
La contribución conjunta coordinada por la APT incluye información y análisis proporcionados por los MNP/MLP de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
"A través de su trabajo de monitoreo independiente, estos órganos de monitoreo documentan las experiencias de los diferentes grupos en detención y hacen recomendaciones para el cambio", dijo la Asesora Principal de la APT sobre Vulnerabilidades y Políticas, Veronica Filippeschi.
"Nuestra contribución se basa en esta vasta experiencia para identificar los riesgos a los que se enfrentan las personas LGBTI privadas de libertad en la región, tanto desde una perspectiva legal como práctica".
La Sra. Filippeschi señaló que los Principios de Yogyakarta proveen reconocida interpretación sobre cómo el derecho internacional de los derechos humanos aplica a cuestiones de orientación sexual e identidad de género.
"Si bien muchos de estos Principios son pertinentes para las personas LGBTI privadas de libertad, actualmente no existen normas internacionales o regionales sobre detención que aborden las necesidades específicas de las personas LGBTI privadas de libertad", dijo.
"Una opinión consultiva de la Corte Interamericana contribuiría significativamente a fortalecer la protección de los derechos de las personas LGBTI en prisión, no sólo en las Américas sino también en otras regiones del mundo".
Abordar los riesgos específicos de las personas LGBTI en prisión
Las personas LGBTI en América Latina y el Caribe han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones de sus derechos fundamentales.
En la contribución conjunta se señala que el entorno carcelario de la región - con su estricta división entre los sexos basada en una lógica binaria y heteronormativa, así como los problemas estructurales como el hacinamiento, la corrupción y el autogobierno - expone a las personas LGBTI a un alto riesgo de discriminación y violencia.
En el documento aborda la discriminación, la violencia y los malos tratos a que hacen frente las personas LGBTI en la cárcel desde el momento de su admisión y ubicación, incluidos los riesgos relacionados con los registros corporales, el aislamiento, la falta de atención médica adecuada, la violencia de las autoridades penitenciarias y otras personas detenidas.
La criminalización, la invisibilización y el reconocimiento de la identidad y la expresión de género auto percibida
"En nuestra contribución conjunta, también analizamos una serie de cuestiones contextuales que tienen un impacto directo en la protección - o la falta de protección - de las personas LGBTI en prisión", dijo la Sra. Filippeschi.
Esta contribución considera:
- cómo la legislación y las normas que penalizan o discriminan a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales tienen un impacto directo en la tasa de encarcelamiento de las personas LGBTI y en su tratamiento y condiciones de detención, pidiendo a los Estados que deroguen dichas normas;
- la importancia de la recopilación de datos sobre las personas LGBTI en prisión y del reconocimiento de la identidad y expresión de género auto percibida, respetando los principios rectores de la autodeterminación, la privacidad y el consentimiento informado, entre otros; y
- la importancia del reconocimiento de la identidad de género auto percibida como premisa fundamental para hacer visibles las necesidades de las personas LGBTI en el contexto penitenciario, para garantizar la protección contra la violencia, los malos tratos o la tortura, y para ejercer otros derechos, como el derecho a la salud.
En la contribución conjunta se presentan las buenas prácticas de la región y se recomienda una serie de medidas prácticas que los Estados deberían adoptar para hacer frente a los riesgos identificados y proteger más eficazmente los derechos de las personas LGBTI en prisión.
"La fuerza de nuestra contribución es que se basa en un sólido análisis de los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales, así como en la información de primera mano reunida por los MNP/MLP en sus visitas a las prisiones y en sus entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad", dijo la Sra. Filippeschi.
