El acceso a un/a abogado/a en las primeras horas de detención es una de las formas más efectivas de reducir el desequilibrio de poder y los riesgos de abusos y violencia. Aunque la ley mexicana garantiza el pronto acceso a un/a abogado/a, sigue existiendo una brecha entre la ley y la práctica diaria. La APT está llevando a cabo un proyecto en el país con el objetivo de reunir información sobre los desafíos que dificultan la implementación efectiva de esta salvaguardia clave relacionada con la detención e identificar pasos concretos y prácticos para reducir esta brecha.
Con este fin, la APT está trabajando con varios aliados en México, incluido el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales y organizaciones de la sociedad civil.
En el mes de agosto, empezamos a realizar un mapeo y entrevistas a las autoridades y otros actores clave, con el objetivo de analizar la implementación del derecho de acceso a un/a abogado/a en las primeras horas de custodia en el país. Más recientemente, los días 7 y 8 de noviembre, junto con el MNP/CNDH, organizamos una reunión nacional de expertos y expertas para identificar los desafíos prácticos y las posibles formas de avanzar. El evento reunió a una amplia gama de participantes de varios estados mexicanos, incluidos defensores/as públicos/as, fiscales, representantes del MNP, organizaciones de la sociedad civil, jueces y juezas, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, responsables políticos y comisiones estatales de derechos humanos.
Durante la reunión, las y los participantes identificaron varios motivos clave que podrían causar la brecha entre la ley y la práctica con respecto a garantizar que todas las personas tengan un acceso rápido y efectivo a un/a abogado/a. Por ejemplo, al disponer que todas las personas arrestadas deben ser puestas inmediatamente a disposición del Ministerio Público, la ley presenta algunas áreas grises que, en la práctica, se traducen en retrasos significativos en el traslado. Las razones prácticas también incluyen la falta de cooperación efectiva entre las autoridades pertinentes y la falta de recursos adecuados para las defensorías públicas. Además, no se percibe el rol preventivo de los/las abogados/as durante las etapas inmediatas y tempranas de la custodia.
En los próximos meses, la APT finalizará el análisis y seguirá trabajando con las y los defensores públicos y el MNP/CNDH para promover la implementación efectiva del derecho de acceso a un/a abogado/a en México.
