La APT insta a Honduras a hacer efectivas las recomendaciones emitidas, la semana pasada, por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que ponen de manifiesto la importancia de que fuerzas policiales civiles, y no militares, implementen las estrategias de seguridad del país.
De manera particular, se solicitó al país que apruebe, en el próximo mes de junio, una nueva ley orgánica de la policía y establezca plazos específicos para retirar a los militares de las atribuciones policiales.
La APT considera que estas medidas contribuirían a prevenir la tortura y los malos tratos, y darían continuidad a la reforma penitenciaria iniciada (aunque todavía no consumada) en el país. Una reforma, que busca impregnar de carácter civil al sistema penitenciario y que no correspondería con el reciente incremento de militares en funciones civiles.
Asimismo, la APT quiere felicitar al Estado por el compromiso asumido de aplicar estándares internacionales en materia de detención e implementar las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras.
Igualmente, aplaudimos el compromiso de garantizar que las quejas relativas a violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, fuerzas armadas o miembros de compañías privadas sean objeto de investigación, persecución y reparación a las víctimas. Consideramos que este compromiso debe de llevarse a cabo sin demora alguna.
Las recomendaciones arriba mencionadas fueron formuladas al Estado hondureño en el marco de su segundo EPU ante las Naciones Unidas, donde se evaluó la situación de derechos humanos del país y el cumplimiento de recomendaciones formuladas cinco años atrás. El próximo mes de septiembre, Honduras se pronunciará sobre aquellas recomendaciones que todavía no ha aceptado.
El Consejo de Derechos Humanos está conformado por 47 Estados, de los cuales 8 de ellos son latinoamericanos.
