El Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, el Mecanismo Nacional de Prevención del país (MNP), opera desde 2020. El Equipo de Función Policial, comparte tres lecciones clave para prevenir la tortura en las primeras horas de la detenión que han sido desarrolladas mediantes sus esfuerzos de monitoreo.
Chile, como muchos otros países de América Latina, se enfrenta a cuestiones complejas relacionadas con el orden público y la seguridad. En toda la región se ha prestado especial atención a un sistema de justicia " de mano dura contra la delincuencia", al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y a la gran dependencia del uso de armas y equipamiento.
En Chile, la respuesta ha incluido la creación de nuevos delitos, el aumento de las sanciones penales, la reducción de la edad de responsabilidad penal, el uso indiscriminado de la prisión preventiva y la eliminación de medidas alternativas a la prisión.
Sin embargo, este llamado "populismo penal" no ha dado los resultados esperados. Al contrario, ha afianzado muchos de los problemas que pretendía resolver. Lo más preocupante es que ha socavado los derechos humanos a la dignidad y la integridad personal, especialmente durante las primeras horas de custodia policial.
A pensar de este desafiante escenario, el trabajo de monitoreo y seguimiento del MNP demuestra que es posible identificar y abogar por cambios que apoyen la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos bajo custodia policial.
A continuación, desde el Equipo de Función Policial del MNP de Chile nos comparten tres lecciones aprendidas basadas en su trabajo de monitoreo de la custodia policial.
Lección 1: Abogar por las salvaguardas prácticas en la detención
Creemos que es esencial proponer y defender salvaguardias prácticas en las primeras horas de detención que vayan más allá del reconocimiento jurídico básico de los derechos de las personas detenidas. De hecho, hemos comprobado el impacto que tiene la aplicación de estrategias preventivas que protegen la integridad física de las personas detenidas y, al mismo tiempo, hacen que los procedimientos de detención sean más eficaces para la policía.
En más de ochenta visitas a las unidades policiales en diez regiones del Chile,[1] hemos observado, por ejemplo que medidas como el uso de cámaras de vídeo corporales por parte de la policía, incluso durante el transporte de personas detenidas, fueron bien recibidas tanto por los agentes de policía como por las personas detenidas. Como nos dijeron los agentes de policía, se trata de una garantía importante para todas las personas implicadas en el proceso de detención: "Por un lado, animando a los agentes a actuar correctamente en la gestión de la custodia de las personas y, por otro, permitiendo que la grabación pueda ser utilizada como prueba para demostrar lo sucedido, ante denuncias de posibles malos tratos".
Sin embargo, también hemos insistido en que la adopción de cámaras corporales por sí sola no es suficiente. Debido a que también es esencial implantar sistemas sólidos de almacenamiento de las grabaciones, incluido el establecimiento de políticas de registro, gestión y acceso a los datos, bajo los auspicios de una unidad independiente, donde se conserven durante el mayor tiempo posible.[2]
Otros ejemplos de salvaguardias prácticas que se han aplicado en distintas regiones del país, basándose en las conclusiones y recomendaciones de nuestras visitas preventivas, son:
- Especialización del personal policial encargado de la custodia para la gestión de situaciones de crisis, incorporando competencias en áreas como primeros auxilios, desescalada de situaciones conflictivas, técnicas de control de la ira y acercamiento a grupos de especial protección.
- Mejora de las infraestructuras y condiciones de vida en las unidades visitadas, tanto en sus celdas como en los aseos.
- Publicación de infografías en diferentes idiomas sobre los derechos de las personas acusadas y las víctimas
- Establecer la presencia de la Defensoría Pública en la unidad policial para entrevistarse con las personas detenidas,[3] así como la coordinación interinstitucional para agilizar el proceso de comprobación de lesiones
- Implementar plataformas digitales de comunicación entre la policía y los fiscales para que estos últimos puedan tomar decisiones rápidas e informadas.
Lección 2: Más actores, además de la policía, deben participar en la prevención de la tortura
Reconocemos que la policía es sólo una parte del sistema de justicia penal. Aunque tradicionalmente se les identifica como los principales responsables de garantizar la integridad personal y la seguridad de quienes están en detención, especialmente en las primeras horas de custodia, la policía no es el único actor. Hay otros actores que, desde sus diferentes roles dentro del sistema de justicia penal, también están llamados a garantizar los derechos de las personas acusadas y a ejercer una importante función preventiva.
Los informes elaborados por el MNP desde 2021, así como los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, muestran que las situaciones de mayor riesgo a las que se enfrentan las personas detenidas ya no se producen con tanta frecuencia en las unidades policiales, sino más bien en el momento de la detención o durante los traslados (a la unidad policial, a los servicios de salud o al ser llevados ante un juez).[4] Por ello, otros actores - como el personal sanitario, las y los jueces, fiscales y las personas abogadas públicas y privadas - pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación y prevención de la tortura y los malos tratos.
En el caso de la Defensoría Pública, encontramos que, en algunas partes del país, todo el contexto de detención se ha transformado en un ambiente más seguro y respetuoso para el acusado. La mera presencia de los abogados defensores en la comisaría tiene un poderoso efecto disuasorio y, además, les permite obtener información de mejor calidad, lo que mejora la calidad de la defensa en las primeras audiencias.
También observamos que cuando los fiscales se coordinaban de forma eficaz con los policías encargados de las diligencias, podían tomar decisiones rápidas y de calidad en relación con los detenidos, evitando así la incertidumbre y reduciendo la saturación de las comisarías.
Además, cuando la policía se coordina con las autoridades sanitarias para que el reconocimiento médico inicial se realizará de forma rápida y rigurosa, se cumplían los objetivos de investigación y protección de esta garantía, reduciendo los tiempos de espera en los servicios sanitarios, proporcionando mejores antecedentes para la investigación penal y permitiendo detectar casos de abuso por parte de los agentes policiales.
También constatamos que, cuando las y los jueces de la audiencia de control de detención se comprometían a velar por el cumplimiento de las obligaciones de los intervinientes, era posible identificar ilícitos que, a pesar de todos los esfuerzos preventivos, seguían ocurriendo. Esto permitió a los tribunales garantizar que tales ilegalidades pudieran ser investigadas por las autoridades competentes, enviando un poderoso mensaje a todos los implicados de que la tortura y los malos tratos están absolutamente prohibidos.
Lección 3. Los derechos humanos son progresivos, no deben retroceder
Desde la restauración de la democracia en 1990, Chile ha establecido un sólido marco de derechos humanos. Este hecho -observado por la Relatora Especial de la ONU sobre la tortura durante su visita al país en octubre de 2023- es, entre otros factores, el resultado del incansable trabajo de la sociedad civil por visibilizar y defender los derechos humanos en el país, la ratificación por parte del Estado de los principales tratados de derechos humanos, y la creación de instituciones especializadas en derechos humanos -autónomas y gubernamentales- como la Defensoría de la Niñez, el MNP y otras.
Desgraciadamente, la experiencia ha demostrado que estos logros no son necesariamente permanentes. Varios peligros acechan hoy en día. La persecución de los defensores de los derechos humanos, los intentos de abolir las instituciones nacionales de derechos humanos y la presión para restringir o eliminar su financiación son algunas de las formas en que se manifiestan estas amenazas.
Uno de los hitos institucionales más relevantes en Chile ha sido la reforma del sistema de justicia penal. Antes del año 2000, en Chile y otros países de la región, aún estaban vigentes los procedimientos penales inquisitivos. Se trataba de audiencias reservadas, se investigaba y juzgaba al mismo tiempo. La reforma procesal en Chile implicó pasar a un sistema de justicia oral, acusatorio y público, donde se diferenciaron los roles de la acusación penal, la defensa y el juicio. La incorporación de mecanismos legales para proteger a víctimas y personas imputadas fue uno de los principales logros.
Sin embargo, dos décadas después, diversos cambios en el sistema legal han debilitado las protecciones disponibles para los investigados. La ampliación de las facultades policiales para realizar controles preventivos, y la flexibilización de los requisitos para decretar la prisión preventiva, son sólo dos cambios que están deshaciendo importantes garantías en el sistema de justicia penal.
Una de las tareas más importantes de los organismos de derechos humanos como el nuestro es concienciar a las autoridades y funcionarios del Estado sobre los beneficios que supone para la sociedad contar con instituciones y sistemas normativos fuertes que promuevan el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.
Mirando al futuro
A cuatro años de la creación del MNP, lamentablemente debemos reconocer que la tortura sigue existiendo en distintos lugares de privación de libertad, custodia y atención en Chile. Por esta misma razón, las metodologías de prevención de la violencia estatal se ofrecen como una alternativa complementaria e innovadora.
Los cambios realizados por las policías y otras instituciones del sistema de justicia que aquí hemos compartido, y que hasta ahora se han limitado a ciertas zonas del país, revelan que la transformación cultural e institucional es posible.
Por ello, nuestra reflexión para el tiempo que viene incluye la creación de una norma técnica nacional que fije los estándares para los exámenes médicos iniciales, un modelo de defensa legal en las unidades policiales, investigaciones oportunas y exhaustivas por parte del Ministerio Público en casos de tortura y malos tratos, y sistemas de control interno por parte de la policía. Estas son sólo algunas de las transformaciones estructurales que pueden reducir los factores de riesgo que conducen a la tortura y los malos tratos en las primeras horas de custodia policial.
Para ello, el MNP no escatimará esfuerzos para que lo que hasta ahora ha sido la excepción se convierta en la norma. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas y, en consecuencia, al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.
El Área de Función Policial del CPT está integrada por el experto Sebastián Cabezas Chamorro y analistas profesionales María Cecilia Jaramillo Minchel y Alfredo Fernández Ureta.
____________________________________________________________________________________
[1] Los informes que describen estas visitas están disponible en: https://mnpt.cl/funcion-policial-2/
[2] https://mnpt.cl/wp-content/uploads/2023/11/Variable-Sistema-de-Videovigilancia-en-Unidades-Policiales.pdf
[3] APT, https://www.apt.ch/es/node/3066
[4] https://bibliotecadigital.indh.cl/items/a108924a-6319-4156-91bc-37ca416357b7 también en este capítulo del Informe Anual de la Institución Nacional de los Derechos Humanos 2023 sobre el orden público y la policía, disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/server/api/core/bitstreams/4be2cd31-88e5-4c09-b781-62f4871a9978/content
