Un informe histórico publicado hoy por la APT pone de relieve los importantes retos y la discriminación sistémica a la que se enfrentan las mujeres en las cárceles de todo el mundo, y reclama reformas urgentes y un mayor uso de alternativas a la detención.
Basándose en datos y análisis de los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP) de 46 países de África, Asia-Pacífico, Europa y América Latina, el informe ofrece el primer análisis global de las mujeres en prisión basado en las conclusiones de órganos de supervisión independientes.
El Informe mundial de la APT sobre las mujeres en prisión: Análisis de los Mecanismos Nacionales de Prevención revela que las mujeres, que representan un porcentaje pequeño pero creciente de la población reclusa mundial, son a menudo objeto de negligencia y discriminación sistémicas.
«Este importante estudio pone de relieve la preocupante realidad de que muchas mujeres son encarceladas por delitos no violentos y de escasa gravedad relacionados con la pobreza, la marginación y la desigualdad social», declaró la Secretaria General de la APT, Nicole Hogg.
«Este enfoque no sólo no aborda las causas profundas de la delincuencia, sino que perpetúa los ciclos de desventaja y daño».
El informe identifica áreas significativas de preocupación para las mujeres encarceladas en los 46 países analizados, entre las que se incluyen:
- Prácticas problemáticas: Las mujeres encarceladas se ven especialmente afectadas por los registros corporales humillantes e invasivos y por el uso inadecuado del aislamiento y las sujeciones. Estas prácticas son especialmente perjudiciales para las mujeres embarazadas, las mujeres LGBTIQ+, las mujeres indígenas y las mujeres con problemas de salud mental.
- Desatención de las necesidades específicas de cada género: El acceso a una atención sanitaria adecuada, a instalaciones y productos de higiene y a servicios de salud mental suele estar muy por debajo de las normas internacionales, lo que agrava las vulnerabilidades preexistentes.
- Discriminación interseccional: Las mujeres extranjeras, indígenas, mayores, LGBTIQ+, embarazadas y de diversos orígenes étnicos y raciales se enfrentan a riesgos específicos -y a veces mayores- de abusos y discriminación.
El informe confirma que los sistemas penitenciarios siguen sin reconocer ni responder con demasiada frecuencia a las necesidades específicas de las mujeres, ni tener en cuenta el impacto especialmente nocivo de ciertas prácticas, que pueden aumentar el riesgo de malos tratos a las mujeres encarceladas. Es una llamada a la acción para subsanar estas deficiencias.
Desde la adopción en 2010 de las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es abordar las necesidades de las mujeres en el sistema de justicia penal, se han logrado importantes avances, pero aún queda mucho por hacer para aplicar estas normas en la práctica.
El informe ofrece recomendaciones exhaustivas para impulsar un cambio sistémico para las mujeres en prisión, haciendo hincapié en el papel crucial de los MNP a la hora de liderar las reformas.
Las recomendaciones clave incluyen:
- Implementar alternativas al encarcelamiento para las mujeres que tengan en cuenta las cuestiones de género, en particular para los delitos no violentos
- Implementar alternativas a las prácticas nocivas o humillantes que, en determinadas circunstancias, pueden equivaler a malos tratos, como el aislamiento, el uso de medios de coerción y los registros corporales
- Garantizar el acceso a asistencia sanitaria y mental específica para cada género
- Reforzar el contacto con la familia mediante un régimen de visitas flexible y opciones de comunicación
- Mejorar la formación del personal sobre enfoques sensibles a las cuestiones de género
- Abordar las necesidades específicas de las mujeres con mayor riesgo de sufrir malos tratos, incluidas las embarazadas, las mujeres LGBTIQ+, las indígenas y las extranjeras.
El informe también ofrece ejemplos de buenas prácticas de diferentes países.
El Informe Global va acompañado de informes nacionales individuales elaborados por los MNP y los Mecanismos Locales de Prevención que operan en los 46 países.
«Los MNP y otros órganos de supervisión pueden utilizar estos datos y análisis como una poderosa herramienta de defensa, aprovechando las conclusiones basadas en pruebas para comprometerse con las autoridades y presionar para mejorar el trato y las condiciones de las mujeres encarceladas y aumentar el uso de alternativas a la detención», declaró Veronica Filippeschi, asesora principal de la APT sobre vulnerabilidades y políticas.
«La APT agradece la colaboración y las detalladas aportaciones de tantos MNP. Sus contribuciones han ayudado a crear una hoja de ruta para la reforma que puede reducir significativamente el riesgo de abusos y malos tratos para las mujeres privadas de libertad», añadió.
El Informe Global cuenta con el apoyo del Gobierno de Canadá y de la Ciudad de Ginebra.
