Practicadas de media unas 680 veces al día en Brasil por los Tribunales de Justicia, las audiencias de custodia son ya una realidad en el sistema de justicia penal brasileño. Su objetivo es llevar a cada persona ante un juez en un plazo máximo de 24 horas tras su detención. A partir del 7 de enero de 2023, la orientación oficial es que estas audiencias vuelvan a ser presenciales en los tribunales del país.
Sin embargo, la falta de información pública sobre los aspectos operativos de dichas audiencias por parte de los Tribunales de Justicia, incluido el número de tribunales que celebran audiencias de forma virtual, ha dificultado que la sociedad y el propio sistema judicial tomen decisiones informadas sobre los próximos pasos en la aplicación de políticas y procedimientos judiciales relacionados.
En la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), hemos seguido de cerca estos acontecimientos, entendiendo que detrás de una práctica judicial aparentemente sencilla, está en juego el respeto de los derechos fundamentales y la estructuración de una compleja red de actores, servicios y flujos de trabajo.
Los datos que recogimos entre julio y septiembre de 2022 en nuestra recién lanzada plataforma Observa Custódia revelan que, a pesar de ser un procedimiento judicial, las audiencias de custodia tienen lugar fuera de los Tribunales de Justicia en al menos el 26% de las capitales de los estados brasileños. Es decir, se llevan a cabo en un lugar proporcionado por las secretarías de la administración penitenciaria o en sedes de la policía civil.
Según datos de Observa Custódia, las audiencias se celebraban de manera virtual en 19 capitales de estado brasileñas. Los fundamentos jurídicos para la celebración de estas audiencias virtuales son cuestionables, ya que el estado de emergencia sanitaria provocado por la Covid-19 ya no estaba en vigor en el momento de la encuesta.
La combinación de estos factores tiende a influir en garantías clave como el acceso de los familiares a las audiencias, la calidad del acto procesal e incluso la presunción de inocencia de la persona detenida. Por ejemplo, identificamos que en 13 capitales (48%) existe la práctica de mantener a la persona esposada durante la audiencia, mientras que en seis capitales (22%) la persona se presenta vistiendo uniforme de prisión. En relación a la detección/identificación de posibles abusos cometidos en el momento de la detención, Observa Custódia revela que, a pesar de existir una orientación oficial para la realización de exámenes del corpus delicti antes de la audiencia, el informe pericial de resultados no suele llegar a tiempo para ser analizado por las autoridades durante la audiencia en nueve capitales (39%).
Esta cartografía demuestra que, junto con la falta de normalización en su realización en todo el país, se han incumplido sistemáticamente las normas.
Al vencer el plazo fijado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) para el retorno al formato presencial, la falta de datos sobre la operacionalización de las audiencias de custodia vuelve a poner en evidencia la fragilidad con que se implementan y evalúan las políticas judiciales y de derechos humanos en el país, donde la vulnerabilidad en las primeras horas después del arresto y la violencia contra las personas detenidas, en su mayoría personas negras, pobres y residentes de los suburbios, siguen siendo una realidad persistente.
A medida que este importante instrumento de control de la legalidad de la detención alcanza su primera década, es necesario profundizar en el debate sobre las audiencias de custodia, desvelando datos. A través de la transparencia y la supervisión por parte de la ciudadanía, con herramientas como el estándar Observa Custódia , fortalecer las buenas prácticas y promover el acceso efectivo a la justicia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
Este artículo de opinión se publicó por primera vez en Folha de S.Paulo y fue escrito por Fabio de Almeida Cascardo, Consultor de la APT en Brasil, y Sylvia Diniz Dias, Asesora Jurídica Senior y Representante de la APT en Brasil.
