El 28 de abril de 2020 en los Estados Unidos, Andrea C. B., una mujer nativa americana de 30 años y madre de un bebé recién nacido, murió después de contraer el coronavirus y dar a luz unas semanas antes mientras estaba con respirador. Había contraído el COVID-19 en la prisión donde acababa de empezar a cumplir una condena de dos años por vender metanfetamina.
Andrea no debería haber terminado en prisión en primer lugar. Y no es la única. Como ella, muchas otras mujeres encarceladas en el mundo han cometido delitos menores. Muchas tienen un historial de victimización, pobreza, discriminación, problemas de salud mental o drogodependencia. Muchas son madres o cuidadoras. Para ellas, la prisión no es la respuesta adecuada.
Cuando las mujeres están detenidas, a menudo se descuidan sus derechos y necesidades. Debido a las pocas instalaciones carcelarias dedicadas a las mujeres, a menudo son detenidas lejos de su hogar. Esto puede suponer una enorme dificultad para mantener las relaciones familiares y la oportunidad de que sus seres queridos las visiten. El impacto del encarcelamiento puede ser extremadamente severo cuando las mujeres detenidas son las principales cuidadoras de las y los niños.
Las mujeres en prisión pueden sufrir una discriminación interseccional adicional, entre otras cosas, por su orientación sexual, su identidad y expresión de género, su experiencia de discapacidad, su origen étnico y su edad. Para las mujeres trans, las cárceles pueden ser lugares especialmente hostiles. Pueden sufrir discriminación desde el momento de su ubicación en la cárcel, a menudo decidida sobre la base de su género biológico. Y durante la detención, a menudo sufren violencia y abusos por parte del personal y otras personas detenidas.
A lo largo de los años, numerosas organizaciones han documentado la situación de las mujeres en prisión, incluyendo a las mujeres que visitas sus seres queridos en prisión y al personal. Los órganos de monitoreo independientes, en particular los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP) establecidos en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura (OPCAT), son uno de ellos. Estos están en una posición única para impulsar un cambio en el trato y condiciones de las mujeres en la cárcel. También pueden promover el uso de medidas no privativas de la libertad.
Gracias a su acceso sin restricciones a los lugares de detención, a su capacidad de realizar entrevistas en privado con las mujeres detenidas, así como con el personal y las y los familiares, los MNP pueden contribuir a cambios en las leyes, políticas y prácticas mediante la formulación de recomendaciones concretas y el diálogo sostenido con las autoridades. Su labor ha sido particularmente importante en los tiempos de COVID-19. Muchos de ellos han abogado firmemente por el uso de medidas alternativas a la detención, incluso para las mujeres.
Hace diez años, la Asamblea General de la ONU adoptó las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Las Reglas de Bangkok prevén un mundo mejor para las mujeres en conflicto con la ley. Un mundo en el que las mujeres no terminen en la cárcel por delitos menores o porque luchen contra la violencia de género, la pobreza, la discriminación o los problemas de salud mental. Y donde las y los niños no sean castigados con el encarcelamiento de su madre. Un mundo en el que las prisiones respondan a las necesidades de todas las mujeres y en el que todas las mujeres se sientan seguras, independientemente de su identidad de género. Un mundo en el que las mujeres que visitan sus seres queridos en prisión sean tratadas con respeto y en el que el personal penitenciario femenino se sienta respetado en el trabajo y tenga oportunidades de capacitación y promoción iguales a las de los hombres.
A pesar de la acción concertada de muchos, este mundo no es todavía una realidad. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para promover un cambio genuino y duradero. Por eso nos unimos, junto con otras 82 organizaciones de la sociedad civil, a un llamamiento para la aplicación efectiva de las Reglas de Bangkok.
Por eso también, hoy lanzamos una campaña de un año para apoyar y movilizar a los órganos de monitoreo independientes para impulsar cambios a nivel nacional. Les proporcionaremos apoyo práctico en diferentes aspectos de su labor – incluidos el monitoreo, la presentación de informes y el trabajo de incidencia - y compartiremos buenas prácticas entre ellos para inspirar nuevos enfoques y colaboración.
Al apoyar y movilizar a los órganos de monitoreo, nuestro objetivo es ayudar a construir el mundo establecido en las Reglas de Bangkok. Un mundo en el que haya alternativas a la prisión para mujeres como Andrea. Y si la detención es la única opción, un mundo donde las prisiones respondan a las necesidades de todas las mujeres.
