La APT, junto a otras 40 entidades brasileñas, publicó un comunicado manifestando su profunda preocupación por el veto total del Gobernador del Estado de São Paulo al Proyecto de Ley, aprobado en diciembre pasado, que crea el Comité y el Mecanismo de Prevención de la Tortura en el Estado. El veto al establecimiento de dichos órganos representa un grave retroceso a la protección de los derechos humanos de las personas en situación de extrema vulnerabilidad, en particular por ser el estado con el mayor número de personas privadas de libertad en Brasil.
São Paulo es el estado más poblado del país y que alberga hoy al mayor número de personas en lugares de larga permanencia (destinados especialmente a niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad), hospitales psiquiátricos, además de más de 240.000 personas privadas de libertad, lo que representa un tercio de toda la población encarcelada y cumpliendo medidas socioeducativas del país.
La APT exhorta a las y los diputados del estado de São Paulo a adoptar una postura firme contra la medida anunciada por el Ejecutivo y revertir el veto tan pronto se finalice el receso parlamentario en febrero de este año.
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