El pasado 9 de mayo el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, un paso fundamental y necesario para la reforma del sistema penitenciario Hondureño. El establecimiento del Instituto Nacional Penitenciario y la creación de una carrera penitenciaria especializada, profesional y de carácter civil, que sustituya al personal policial ya habían sido objeto de recomendaciones de órganos internacionales y regionales en materia de derechos humanos.
Tras su reciente visita a Honduras, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas subrayó que la mayoría de las recomendaciones que hicieron al país en el 2009 no han sido cumplidas y que las cárceles hondureñas aún presentan una gravísima sobrepoblación y hacinamiento . Tal preocupación se suma a las constataciones de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que días antes había declarado que los establecimientos carcelarios hondureños sufren de graves deficiencias estructurales que conducen a una situación generalizada de violación de derechos humanos: falta de provisión adecuada de alimentos y agua potable, falta de asistencia médica adecuada, y condiciones deplorables de higiene y salubridad. Asimismo, los expertos internacionales señalaron su grave preocupación por el abandono de los centros penitenciarios y por el total control de la disciplina y economía de las cárceles a reclusos “coordinadores”, lo que genera altos niveles de violencia y corrupción con una total impunidad. La APT insta al estado Hondureño a cumplir las recomendaciones presentadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos y a poner en práctica la nueva Ley del Sistema Penitenciario con el pronto establecimiento del Instituto Nacional Penitenciario, y de una carrera penitenciaria especializada, profesional y de carácter civil.
