Los dos últimos años han sido especialmente fructíferos para avanzar y movilizarse hacia la creación de nuevos mecanismos locales de prevención (MLP) contra la tortura en Brasil. Tras unos años de estancamiento y falta de avances en este ámbito, los procesos a nivel estatal han ido cobrando impulso e impulsando la creación de nuevos mecanismos de prevención de la tortura.
Los MLP son fundamentales para permitir un enfoque preventivo y eficaz que inhiba las violaciones de los derechos humanos y proteja la dignidad de las personas en situación de riesgo. El impacto y la eficacia del sistema nacional previsto por la ley federal brasileña dependen en gran medida del establecimiento de una red de mecanismos de prevención a nivel estatal.
Recientemente ha surgido un impulso renovado. Se han creado dos nuevos mecanismos de prevención en los Estados de Acre y Sergipe. Tras muchos años de fuerte movilización por parte de las organizaciones de base y del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), el Estado de Ceará aprobó su legislación por la que se establece su propio mecanismo. Ya se han seleccionado los miembros y está previsto que este nuevo mecanismo comience a funcionar en breve. En el Estado de Tocantins, en el centro-oeste del país, tras una intensa labor de promoción por parte de los actores locales y en colaboración con el MNP y la APT, se han conseguido recursos para crear nuevos órganos de supervisión.
Estos avances indican que la movilización sigue siendo fuerte en Brasil. Las organizaciones de la sociedad civil siguen firmes en su empeño de garantizar un sistema de ámbito nacional y de defender firmemente ante las autoridades estatales la creación de órganos de supervisión estatales conformes con el OPCAT. El MNP también ha servido como figura vital a nivel estatal para promover la creación del MLP. Además, el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha emitido recientemente una declaración en la que insta a los gobiernos a nivel estatal a crear sin demora MLP en estricta conformidad con el OPCAT.
Sin embargo, algunos hitos han sido el resultado de llevar el asunto a los tribunales. ElMinisterio Público Federal (Ministério Público Federal), a través del Fiscal Federal de los Derechos del Ciudadano(PFDC), ha liderado iniciativas de litigio a nivel estatal para perseguir judicialmente la creación de los MLP y hacer cumplir la obligación de los estados de establecer sus propios órganos de supervisión, tal y como prevé la legislación nacional.
En el Estado de Acre, por ejemplo, el MLP fue creado tras la celebración de un acuerdo extrajudicial por el que el Gobierno de Acre se comprometió formalmente a implementar de forma efectiva su propio MLP. En Sergipe, el LPM fue designado tras una decisión cautelar emitida por el Tribunal del Estado a petición del Ministerio Público Federal. En el Estado de Amazonas, una sentencia de un tribunal federal ha ordenado al Gobierno que implemente un MLP en un plazo de 90 días. Estos ejemplos muestran el impacto de la acción y la defensa judiciales.
Procedimientos judiciales similares se han llevado a cabo en el Estado de São Paulo ya que, siendo un estado con aproximadamente 1/3 de la población carcelaria del país, São Paulo tiene aproximadamente 198.000 personas privadas de libertad dentro del sistema de justicia penal penitenciaria. En 2018, tras años de esfuerzos concertados por una coalición de actores estatales y no estatales, se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para crear un MLP de 11 miembros. Esta fue una gran victoria para la sociedad civil que, durante muchos años, abogó e impulsó intensamente la creación de un MLP en el Estado. Sin embargo, los motivos de celebración no duraron mucho. Apenas unos días después, el Gobernador del Estado vetó el proyecto de ley en su totalidad, un revés que hasta hoy no ha sido revertido por los parlamentarios locales.
Este año, tras la falta de avances en el diálogo con los actores estatales, el Ministerio Público Federal junto con la Defensoría Pública presentaron un proceso judicial para obligar al Estado a crear sus propios mecanismos locales de prevención en cumplimiento de la legislación nacional, los requisitos del OPCAT y las recomendaciones internacionales a Brasil. Tras un primer resultado positivo, que se materializó en una sentencia de medidas cautelares por la que se ordenaba al Estado la creación del órgano de supervisión, la sentencia original fue suspendida a raíz de un recurso interpuesto por el Estado de São Paulo, y la decisión final sigue pendiente de sentencia. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, de la que forma parte la APT, mantiene sus esfuerzos de movilización.
En consonancia con estos avances, también se ha puesto en marcha un nuevo conjunto de directrices para ayudar a los actores estatales y no estatales en sus esfuerzos por crear MLP. Las nuevas recomendaciones, publicadas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, abordan cuestiones estratégicas como los criterios para ser miembro y la estructura institucional, y se basan en las mejores prácticas y en las lecciones aprendidas de la experiencia de los mecanismos existentes.
La APT también ha desarrollado una página de recursos destinada a proporcionar herramientas técnicas y apoyar a los actores locales en sus esfuerzos por establecer MLP. Nuestra página de recursos sistematiza la legislación nacional existente, las normas y directrices relacionadas, ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los presupuestos, la estructura de trabajo y la composición de los MLP, y presenta un mapa del estado actual del establecimiento de los MLP.
La expansión y consolidación del sistema nacional de prevención de la tortura sigue siendo un reto. A día de hoy, sólo 6 estados han establecido sus MLP. Muchos de ellos siguen funcionando en condiciones de trabajo precarias y con recursos humanos insuficientes.
Además, la destitución de todos los miembros expertos que componían el órgano de supervisión del Estado de Pernambuco representó un importante revés en una política de prevención de larga data a nivel estatal. Esto es especialmente preocupante, ya que se produce en un estado que ha sido objeto de medidas ordenadas por la Corte Interamericana debido a graves violaciones de los derechos humanos en su sistema penitenciario.
Precisamente el año pasado, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió una contundente recomendación en la que pedía a Brasil que «adopte todas las medidas necesarias para establecer sin demora una red de mecanismos de prevención en todos los estados, y garantice que cada uno de los órganos de la red disponga de los recursos y la independencia funcional y operativa necesarios para cumplir su mandato de prevención de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención, incluido el acceso a todos los lugares de privación de libertad en función de sus propias prioridades».
El reciente impulso en el establecimiento de mecanismos locales de prevención de la tortura en Brasil es un importante paso adelante. A pesar de los desafíos, los esfuerzos de la sociedad civil, el Mecanismo Nacional de Prevención y los actores judiciales siguen impulsando el progreso. El reciente anuncio de la creación de una red de mecanismos preventivos en América Latina también puede convertirse en un apoyo adicional para impulsar el progreso nacional en Brasil.
