Claudia Mahler es la experta independiente de la ONU sobre el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores. El 19 de septiembre de 2022, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de las personas mayores privadas de libertad. En este blog, describe algunas de las conclusiones de sus consultas y destaca la importancia del monitoreo de los lugares de detención.
El mandato de la Experta Independiente, que asumí en marzo de 2020, se centra en sensibilizar sobre los problemas de derechos humanos a los que se enfrentan las personas mayores, cerrar las brechas que experimentan y fortalecer el disfrute de sus derechos. Como parte de mi mandato, realizo visitas a países y preparo dos informes temáticos cada año. También colaboro estrechamente con el Grupo de Trabajo Abierto de la ONU sobre el Envejecimiento en Nueva York.
Decidí preparar un informe sobre la situación de las personas mayores privadas de libertad porque, francamente, nadie se ocupa de ellas, ni en el ámbito penitenciario, ni en el ámbito de la migración, ni en el ámbito asistencial. En conversaciones que mantuve con responsables de las prisiones y otros lugares de detención, quedá claro que rara vez se centran en las necesidades de las personas mayores. Pero el hecho es que hay un número creciente de personas detenidas de edad avanzada en todo el mundo y esta tendencia no hará más que continuar a medida que la población envejezca.
Mi informe actual pretende concienciar sobre los problemas a los que se enfrentan y la necesidad de considerar medidas alternativas al encarcelamiento para las personas mayores. También consideré la situación de las personas mayores en centros de atención, que es un problema enorme en todo el mundo, y que conlleva una serie de factores de riesgo. Quería concienciar sobre estos riesgos, junto con factores interseccionales como el género, la orientación sexual y la discapacidad, que pueden aumentar los riesgos para las personas mayores.
Uno de los problemas más acuciantes que encontré durante mis consultas, así como durante mis visitas a los países, es que los servicios sanitarios en los lugares de detención son muy básicos. No ofrecen la atención especializada necesaria para atender las necesidades sanitarias de las personas mayores, ya sean hombres o mujeres, y muy a menudo la situación higiénica de estos centros debe mejorar.
También informé de que muchas instalaciones penitenciarias y de detención son viejas y existen barreras físicas para las personas mayores. Además, las actividades recreativas no tienen en cuenta las necesidades de las personas mayores y la discriminación por razón de edad está arraigada en las estructuras de estas instituciones. Por ejemplo, cuando se pregunta qué tipo de formación se ofrece a las personas mayores detenidas, la respuesta suele ser que "las personas mayores no tienen una vida posterior y, por tanto, no necesitan ninguna educación".
Las mujeres mayores detenidas se enfrentan a barreras adicionales y a la discriminación. He oído que, muy a menudo, las familias las abandonan y no reciben el apoyo que necesitan. Esta es una cuestión específica que tenemos que considerar: ¿cómo pueden estas mujeres tener una vida digna una vez que son liberadas y qué apoyo puede ponerse a su disposición para garantizar su integración social?
Vimos, en respuesta a la pandemia del COVID-19, que algunos Estados fueron ágiles a la hora de encontrar soluciones a los problemas de hacinamiento en las instalaciones y de responder a las vulnerabilidades de las diferentes poblaciones penitenciarias, incluidas las personas mayores. Dado que el distanciamiento social no es posible en las prisiones y otros centros de detención, varios Estados instituyeron planes de liberación anticipada o establecieron límites de edad para la liberación de los reclusos. Creo que es conveniente aprovechar estas iniciativas y estudiar otras alternativas a la detención para las personas mayores, como el arresto domiciliario. Lo que no me gustaría ver es la segregación de las personas mayores en las prisiones. No creo que ese aislamiento sea beneficioso.
En mi informe, destaqué el papel crucial de las instituciones de monitoreo, incluidos los mecanismos nacionales de prevención (MNP) y las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), para promover y proteger los derechos de las personas mayores privadas de libertad. Estas instituciones identifican los riesgos a los que están expuestas las personas mayores, incluidas las deficiencias en las normas y los procedimientos, formulan recomendaciones, publican informes y entablan un diálogo constructivo con las autoridades.
Los/as monitores/as de detención comprenden las realidades de los diferentes entornos de detención. Pueden ayudar a prevenir la violencia y el abandono. También pueden plantear nuevas ideas a las autoridades y explorar qué se puede hacer para satisfacer mejor las necesidades de las personas mayores. Este enfoque puede y debe aplicarse en relación con los centros de atención, donde no existe una supervisión regular y, por lo tanto, hay menos visibilidad de los riesgos que pueden enfrentar las personas mayores. Quisiera alentar firmemente a los MNP y a las INDH a que se aseguren de tener un enfoque específico y coherente sobre las personas mayores cuando monitoreen las instituciones en las que las personas están privadas de libertad, incluso en entornos privados.