El 1 de agosto de 2022, la Dra. Alice Edwards comenzó su mandato como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, siendo la primera mujer en ocupar este puesto. En este blog, la Dra. Edwards reflexiona sobre sus prioridades, lo que pretende conseguir durante su mandato y sobre el progreso alcanzado en los últimos años para prevenir la tortura y ofrecer reparación a las víctimas.
He llegado al cargo de Relatora Especial de la ONU sobre la tortura en un momento muy difícil en los asuntos mundiales. Sin embargo, creo que, trabajando estratégicamente y en colaboración con contrapartes de la comunidad internacional y la sociedad civil, podemos abordar las causas fundamentales que conducen a la tortura y los malos tratos.
Tengo tres prioridades imediatas que guiarán mi trabajo. La primera es fomentar uno de los elementos básicos para una sociedad libre de tortura: una sólida base legislativa. Muchos países de todas las regiones del mundo han adoptado delitos de tortura en su legislación nacional, en algunos casos acompañados de salvaguardias adecuadas, pero siguen existiendo retos clave por afrontar. Entre los retos está la prioridad de poner dichas leyes en práctica y hacer que los autores sean procesados. Por ello, el año que viene presentaré un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las buenas prácticas en materia de la criminalización de la tortura, investigaciones y enjuiciamientos.
Un segundo reto, especialmente evidente en los últimos años, es la cuestión de las sobrecargas policiales y el uso excesivo de la fuerza. Esto también está relacionado con la preocupante incidencia de la violencia policial y el racismo, que ha generado un diálogo nacional e internacional. Aprovechando las ideas y experiencias de los Estados y de la sociedad civil, prepararé un informe para la Asamblea General de la ONU el año que viene sobre la creación de fuerzas policiales y otros cuerpos de seguridad basados en la comunidad, receptivos, representativos y responsables. Al fin y al cabo, es la confianza de los ciudadanos en las instituciones nacionales lo que les permite funcionar eficazmente, mientras que la tortura es la máxima traición a la relación ciudadano-Estado.
Mi tercera prioridad se refiere a los agentes militares y de seguridad, que desafortunadamente menosprecian la prohibición absoluta de la tortura especialmente en el contexto de las guerras y la ocupación. Examinaré el marco legislativo y el funcionamiento de las estructuras de rendición de cuentas, como los tribunales militares, para que estos actores rindan cuentas en caso de que violen el derecho internacional.
En todo mi trabajo, adoptaré un enfoque centrado en las víctimas. También adoptaré un enfoque de todo el gobierno y un enfoque sistémico, y me aseguraré de que los enfoques de prevención ocupen un lugar destacado.
Reconocer el progreso
A pesar de los retos globales cpmplejos a los que nos enfrentamos todos los que trabajamos para poner fin a la tortura, creo que es vital reconocer los progresos que hemos realizado. Hoy en día, todos los países del mundo son parte de uno o más de los tratados internacionales que prohíben la tortura. Actualmente hay 173 Estados parte en la Convención de la ONU contra la Tortura. Esto ya es un logro importante.
Además, disponemos de varios instrumentos de derecho indicativo y directrices para apoyar a las autoridades públicas en su labor, como las Reglas Mandela sobre el tratamiento de los reclusos. Además, muchos estudios sólidos demuestran que las garantías en la custodia policial, como el acceso a un/a abogado/a, son eficaces para prevenir la tortura y los malos tratos. En este contexto, los Principios de Méndez son otro avance muy positivo. Los Principios establecen una alternativa eficaz a los antiguos métodos de interrogatorio que aún se practican en muchos países del mundo, que presionan para obtener una confesión y, en el proceso, aumentan el riesgo de prácticas ilegales como la intimidación, la duplicidad o incluso el abuso y la tortura. Los Principios de Méndez, por el contrario, proporcionan una metodología para ayudar a los investigadores a realizar entrevistas orientadas a la verdad y no coercitivas, al tiempo que se respetan los derechos de los entrevistados. Si un Estado adopta los Principios de Méndez en la práctica, obtendrá dos beneficios fundamentales: en primer lugar, tendrá un sistema de justicia penal mucho más seguro, basado en la obtención de pruebas de forma adecuada y sin riesgo de ser desechado por una conducta ilegal; y en segundo lugar, se reducirá el riesgo de tortura o malos tratos similares contra sospechosos, testigos o incluso víctimas durante el interrogatorio.
Otro avance importante se refiere a los países que están pasando de un control autoritario a Estados democráticos regidos por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Estos Estados están considerando las cuestiones de la Verdad y Reconciliación, así como la forma de rehabilitar a las víctimas y a comunidades enteras. Como Relatora Especial, animaré a estos países en sus esfuerzos por desmantelar las estructuras y prácticas del pasado y construir una sociedad libre de tortura.
También se han producido avances significativos en la mejora del acceso a los recursos para las víctimas de la tortura. Aunque a veces nos parezca que el panorama es sombrío, hay más vías de reparación para las víctimas, ya sea a nivel nacional -por ejemplo, mediante la creación de comisiones de la Verdad y Reconciliación y la renovación de los esfuerzos de la justicia penal- o a nivel internacional, donde un número cada vez mayor de Estados ejerce la jurisdicción universal para responsabilizar a los autores, independientemente de la conexión de la víctima o del delito con su propio Estado.
Sensibilización y asesoramiento
Durante mi mandato como Relatora Especial, me esforzaré por sensibilizar sobre la prohibición absoluta de la tortura. Me preocupa que los estudios indiquen que el público es más tolerante con la tortura ahora que, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial. Nos hemos vuelto complacientes con nuestros derechos humanos. Es vital que nos levantemos y luchemos por los derechos que son fundamentales para la dignidad humana.
Proporcionaré asesoramiento técnico a los Estados de forma constructiva para que puedan tomar decisiones y liderar los cambios necesarios. Este asesoramiento no será sólo hacía a las autoridades ejecutivas, sino también al poder judicial, a los/as parlamentarios/as, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a los organismos nacionales de prevención y a otras personas con un papel en la prevención y la respuesta a la tortura. Las autoridades nacionales deben liderar la identificación del problema y ser parte de la solución. El liderazgo es clave. Cuando sea necesario, pediré investigaciones y denunciaré a los gobiernos cuando entren en conflicto con la prohibición absoluta de la tortura.
Trabajaré con y para las víctimas y los/as actores que las apoyan para asegurarme de que tienen acceso a la reparación, los recursos y la rehabilitación que necesitan para reincorporarse a la sociedad.
Un honor y un privilegio
Este nombramiento es un gran honor para mí. Llevo más de 25 años trabajando por los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de la tortura, con especial atención a las mujeres y las niñas, sobre todo en el contexto de la guerra y los conflictos armados. Espero que mi nombramiento pueda ser una fuente de inspiración para otras mujeres que se plantean un futuro en un ámbito que -por su enfoque en el ejército, la seguridad y la policía- sigue estando dominado por los hombres.
Los derechos de las mujeres y los derechos de otros grupos minoritarios y desfavorecidos serán uno de los objetivos de mi mandato. En todo momento, aportaré a mi trabajo una perspectiva de no discriminación y consideraré las implicaciones de determinadas leyes, políticas o prácticas para estos grupos.
La tortura es una de las violaciones de derechos humanos más devastadoras, para las víctimas, para sus familias y para sus comunidades. Mi objetivo principal será hacer todo lo posible, en colaboración con la comunidad internacional y la sociedad civil, para erradicar esta práctica de una vez por todas.
Dra. Alice Edwards, Relatora Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
