Múltiples actores de la justicia de Panamá se reunieron recientemente en un seminario nacional para reflexionar sobre el impacto de la discriminación estructural en las personas afrodescendientes en América Latina, así como sobre su papel como agentes de cambio dentro del sistema de justicia penal.
La Unidad de Género del Órgano Judicial de Panamá y la APT organizaron el seminario nacional con el objetivo de crear un espacio de reflexión, diálogo y sensibilización sobre el impacto de la discriminación estructural hacia las personas afrodescendientes dentro del sistema de justicia penal.
Como ha señalado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, "el racismo y la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes tienen sus raíces en el infame régimen de la esclavitud y se manifiestan en las situaciones de desigualdad que les afectan". Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el legado histórico de la esclavitud, el terror, la marginación y la exclusión han tenido un impacto permanente en el pleno disfrute de los derechos humanos, incluido en relación con el exceso de vigilancia.
Durante el seminario, organizaciones de la sociedad civil compartieron las experiencias de jóvenes afropanameños y el estigma y la discriminación a los que se enfrentan, lo que les expone a un mayor riesgo de violencia policial y privación de libertad.
El profesor Juan Méndez, miembro del Mecanismo Internacional de Expertos de las Naciones Unidas para el Avance de la Justicia y la Igualdad Racial y antiguo Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, ofreció una presentación magistral en la que exploró el vínculo entre la discriminación racial y el riesgo de tortura.
Además, representantes de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de Brasil, Costa Rica y Uruguay describieron su trabajo de seguimiento de la situación de jóvenes afrodesendientes privados de libertad.
"Sabemos que los cambios estructurales para abordar la discriminación estructural requieren tiempo, intervenciones a largo plazo, recursos y perseverancia", dijo la asesora principal de la APT para América Latina y Monitoreo, Sara Vera López. "Sin embargo, las/os juezas/ces tienen el potencial de identificar y desafiar estos patrones discriminatorios de la policía. También pueden garantizar una reparación adecuada y rápida para todas las víctimas de conductas policiales violentas."
En una contribución al Mecanismo Internacional de Expertos en Justicia e Igualdad Racial, la APT recopiló pruebas contundentes que demuestran que las personas afrodescendientes de América Latina son objeto de detenciones selectivas basadas en perfiles raciales, vigilancia policial injustificada, interacciones negativas con la policía y tasas de detención desproporcionadas, lo que conduce a su sobrerrepresentación en el sistema de justicia penal.
"Estas conversaciones son un punto de partida para pasar del conocimiento a la acción, de modo que los agentes judiciales puedan utilizar su posición para hacer frente a las repercusiones de los peligrosos prejuicios, especialmente el racismo, que se han arraigado en la cultura policial y en otras instituciones con mucho poder", dijo Sara Vera.