Los testimonios de los y las actores de la justicia penal y de los y las familiares de las personas detenidas, recogidos por la APT y otras contrapartes, dejan en evidencia que las audiencias de custodia realizadas por videoconferencia impiden significativamente la capacidad de los/as magistrado/as para identificar y documentar los signos de tortura y malos tratos.
En una presentación de vídeo ante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2021, destacaron que la comunicación, especialmente la no verbal, a través del vídeo puede verse significativamente comprometida; y que los ángulos de la cámara pueden afectar a la forma en que el/la magistrado/a recibe la información proporcionada por una persona detenida.
Los y las actores de la justicia penal también señalaron que la videoconferencia puede significar que las personas detenidas participen en las audiencias de custodia desde las comisarías o las prisiones, en presencia de agentes de policía u otros agentes de seguridad. Contribuyen crear un entorno intimidatorio que puede impedirles presentar denuncias de tortura o malos tratos.
El mensaje clave que la APT y las organizaciones asociadas compartieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue que, para ser eficaces, las audiencias de custodia deben celebrarse en persona ante un/a magistrado/a, en un entorno judicial, con las personas detenidas separadas del control de las autoridades policiales.
Las audiencias de control de la detención (o "audiencias de custodia" o "audiencias iniciales"), que se realizan en las primeras 24 horas desde la detención de una persona, son una salvaguardia clave para evaluar la legalidad de la detención de una persona, evitar la privación arbitraria de libertad e investigar los indicios o las denuncias de tortura o malos tratos.
Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha hecho que se suspendan las audiencias de custodia en persona en muchos países de América Latina y que se recurra cada vez más a las videoconferencias.
"Esto compromete el propósito mismo de las audiencias de custodia", dijo Sylvia Dias, asesora jurídica principal y representante de la APT en Brasil.
"El uso de herramientas virtuales entorpece la comunicación clara entre todas las partes e inhibe la oportunidad de que la persona detenida explique claramente las circunstancias de su detención", dijo la Sra. Dias. "Además, sustraer a la persona detenida del control de las fuerzas de seguridad o de las autoridades que lo detienen es un factor clave para reducir el riesgo de tortura y otros malos tratos".
La APT y actores de la sociedad civil pidieron a la CIDH que informara sobre los efectos del uso generalizado de las videoconferencias en las audiencias penales en la región, incluyendo los efectos perjudiciales que esto tiene sobre el debido proceso y los derechos humanos de las personas detenidas, y que emitiera directrices regionales para la realización de audiencias a distancia en los procesos penales, con una prohibición explícita del uso de plataformas digitales para las audiencias de custodia.
Los organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, han declarado que la comparecencia física de la persona detenida ante una autoridad judicial es esencial para la realización de las audiencias de control de la detención.
En un evento convocado por la APT y otras organizaciones peticionarias el 5 de octubre, Joel Hernández, Comisionado de la CIDH y Relator sobre Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, afirmó la necesidad de diferenciar cuándo se puede realizar una audiencia a distancia y cuándo no se debe permitir la tecnología digital.
"En nuestra opinión, las audiencias iniciales, de control o de custodia traen consigo implicaciones importantísimas para la situación jurídica de la persona detenida y, muchas veces, el uso de un tribunal virtual no es el adecuado. Llevar a cabo estas audiencias de forma virtual también podría conducir a la continuación de las prácticas de tortura, que no se denuncian al juez y que no pueden ser evidenciadas a través de una plataforma virtual."
Joel Hernández, Comisionado de la CIDH y Relator sobre Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia
Los y las panelistas también señalaron que las audiencias en persona pueden ayudar a "humanizar" el sistema de justicia penal y permitir a los/as juece/zas y fiscales ver un rostro y escuchar la historia de la persona detenida. Afirmaron que la falta de este contacto directo puede haber contribuido al aumento del uso de la prisión preventiva en toda la región.
Un estudio de 2020 publicado por el Center for Court Innovation y la National Legal Aid & Defender Association descubrió que el uso de la tecnología de vídeo perjudica gravemente la capacidad de un/a magistrado/a para leer el lenguaje corporal y las señales no verbales. Por ejemplo, los gestos y el contacto visual pueden no ser visibles debido al ángulo de la cámara, los fallos del ordenador o la mala calidad de la conexión.
El acceso a la tecnología también puede constituir un verdadero obstáculo para el acceso a la justicia de muchas personas en la región. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un tercio de la población de América Latina tiene acceso limitado o nulo a la tecnología digital. Esto puede tener profundas implicaciones para las personas privadas de libertad.
En Paraguay, el Mecanismo Nacional de Prevención informó que no es infrecuente que las personas privadas de libertad participen en las audiencias en un ruidoso pasillo del centro penitenciario, con un teléfono móvil en la mano, intentando desesperadamente escuchar cómo se decidirá su futuro, a menudo sin poder siquiera ver al magistrado/a.
"También se da el caso de que, en algunos países, los/las guardias u otros/as funcionarios encargados de hacer cumplir la ley prestan sus propios teléfonos móviles personales a las personas detenidas para que puedan acceder a las audiencias", dijo la Sra. Dias. "Para garantizar un acceso adecuado a la justicia para todas las personas privadas de libertad, es vital que las audiencias de custodia se celebren cara a cara. "
La Sra. Dias dijo que la pandemia no debería ser un obstáculo para la celebración de las audiencias de custodia en persona. La APT produjo una serie de vídeos en 2020 para mostrar las prácticas seguras para el COVID implementadas por los tribunales en los estados de Brasil
