La APT convocó recientemente una consulta regional con diez Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP) africanos para debatir los factores clave que impulsan la prisión preventiva en la región y las estrategias para reducir su uso.
Los MNP - de Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Ruanda, Togo y Túnez - se reunieron virtualmente durante dos semanas para celebrar foros y debates en línea. Las organizaciones de la sociedad civil, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y el Comité para la Prevención de la Tortura en África compartieron sus conocimientos y experiencia con los MNP durante un seminario regional.
Aproximadamente, más del 60% de las personas detenidas en toda África se encuentran en prisión preventiva. Retener a tantas personas antes de su juicio, muchas de ellas por delitos menores o no violentos, tiene consecuencias graves a largo y corto plazo.
El uso excesivo de la prisión preventiva provoca hacinamiento en los lugares de detención, lo que se traduce en condiciones inhumanas para las personas detenidas. También tiene un efecto corrosivo sobre la presunción de inocencia: cuando las personas acusadas son detenidas, es más probable que el público asuma que son culpables.
Además, cuando el único sostén de la familia está detenido en espera de juicio -a menudo durante años-, las familias y comunidades enteras pueden caer en la pobreza.
Estas consecuencias las sufren en mayor medida quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, incluidos los miembros de grupos minoritarios y las personas en situación de pobreza. Además, estas personas son las que tienen más probabilidades de ser detenidas antes del juicio, a menudo porque muchas no pueden permitirse un abogado que las represente.
La brecha entre la ley y la práctica: una realidad común
Los y las participantes de los MNP debatieron sobre las definiciones de prisión preventiva utilizadas en sus respectivos países, a la luz de las normas regionales e internacionales, como las Directrices de Luanda y las Directrices de Robben Island.
Los debates confirmaron que, si bien en la mayoría de sus países la ley deja claro que la prisión preventiva sólo debe utilizarse como medida excepcional, la realidad es muy diferente. La prisión preventiva se utiliza sistemáticamente en la práctica.
Además, las medidas ad hoc, como los indultos y los planes de liberación de detenidos relacionados con la COVID-19, no han tenido un impacto a largo plazo en la reducción del hacinamiento, ya que no abordan las causas fundamentales que impulsan la llegada de nuevos detenidos.
Estrategias y vías de avance para reducir la prisión preventiva
Los y las participantes de los MNP identificaron una serie de estrategias que pueden aplicar para facilitar más liberaciones y reducir el número de llegadas en detención, entre ellas se encuentran:
- Abogar por una mayor dotación de recursos del poder judicial y de la asistencia jurídica; una práctica destacada por el MNP de Burkina Faso, que ha estado trabajando a nivel estructural para mejorar el acceso a la asistencia jurídica, con el fin de ayudar a las numerosas personas detenidas que no tienen conocimiento de la ley y de cómo navegar por el sistema en el que se encuentran.
- Educación para combatir los factores sociales y culturales que contribuyen a la detención preventiva
- Trabajar con diferentes grupos para desarrollar estrategias de cambio, incluso con jueces, juezas y fiscales que pueden no ser conscientes del impacto de sus decisiones; una estrategia esbozada por los MNP de Mauricio, Mauritania y Túnez.
- Mejorar la coordinación entre los actores del sistema de justicia penal, que muchos y muchas participantes identificaron como un obstáculo para la tramitación de los casos
- Fortalecer la metodología de monitoreo entre los MNP, con un enfoque particular en los tipos de información que pueden reunir, analizar e incluir en sus informes para construir una mayor comprensión del tema.
Tras estas consultas, la APT apoyará al MNP de Togo en su trabajo de desarrollo de estrategias, en el uso de sus poderes de monitoreo y en la facilitación del diálogo entre los actores clave para reducir la prisión preventiva. También acogeremos otros debates regionales sobre el mismo tema, incluyendo los progresos realizados y los retos relacionados con las estrategias de cambio identificadas por los MNP.
