Un análisis de los datos recogidos a través de una herramienta en línea creada por la APT y el PNUD - Mapeo Digital COVID-19: Justicia y Privación de Libertad- ha revelado cuatro tendencias clave en los sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe durante la pandemia.
Antes de la pandemia, los sistemas penitenciarios de los 31 países de la región se enfrentaban a varios problemas comunes, como el hacinamiento, la violencia, el uso excesivo de la prisión preventiva y las malas condiciones de la detención.
Además, pocos sistemas penitenciarios proveen de atención específica a las necesidades de las mujeres, las personas LGBTI, las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidad, entre otras.
Si bien cada sistema penitenciario nacional tiene su propio contexto, se pueden identificar una serie de tendencias en toda la región a medida que las personas encargadas de la toma de decisiones y las autoridades penitenciarias se enfrentan a los desafíos sin precedentes que plantea la pandemia de COVID-19.
Tendencia 1: La pandemia promueve el uso de medidas alternativas a la privación de libertad
En los últimos 10 años antes pandemia, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la población carcelaria de América Latina y el Caribe había crecido un 120%, frente al 24% del resto del mundo.
Al declararse la pandemia mundial en marzo de 2020, fue evidente la necesidad de reducir la población penitenciaria para evitar la transmisión generalizada del virus entre las personas privadas de libertad y el personal. La aplicación de medidas no privativas de libertad (antes del juicio) y de sanciones no privativas de libertad (en la condena) se convirtió en una cuestión urgente.
En este contexto, los países adoptaron principalmente tres tipos de medidas:
- La promulgación de nuevas leyes destinadas a reducir la población penitenciaria.
- La aplicación de las medidas legales existentes, como indultos, amnistías y conmutación de penas. En Bolivia, Colombia, Panamá y Perú se emitieron decretos presidenciales para promover la liberación de ciertos grupos de personas privadas de libertad. Estos planes se dirigían generalmente a las personas con condiciones relativas a enfermedades crónicas, a las mujeres que viven en prisión con sus hijos, a las personas mayores y a las personas con discapacidad, entre otras.
- La emisión de acuerdos por parte del Poder Judicial para implementar medidas alternativas a la prisión. En Argentina, la Cámara de Casación Penal publicó la Acordada Nº 9/2020, en la que recomendó a los tribunales la adopción de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Estos cambios también se realizaron junto con medidas para limitar el número de nuevos ingresos en prisiones o comisarías de policía resultantes de la violación de las medidas de aislamiento o cuarentena implementadas debido a la COVID-19.
Identificamos que, entre marzo y diciembre de 2020, hubo una reducción de entre el 3 y el 18% de la población carcelaria en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Paraguay. Lo anterior, demuestra que es posible aplicar planes de excarcelación y medidas alternativas a la privación de libertad para salvaguardar la salud de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario. En este escenario es importante adoptar compromisos, y diseñar medidas y políticas para que su aplicación continúe después de la pandemia.
Tendencia 2: Transformar los sistemas penitenciarios para responder a necesidades específicas durante la COVID-19
Una de las primeras respuestas en muchos países del mundo, incluso en América Latina y el Caribe, fue limitar el contacto de las personas privadas de libertad con el mundo exterior. La suspensión de las visitas familiares tuvo consecuencias devastadoras para muchas personas privadas de libertad.
Poco a poco, vimos que algunos sistemas penitenciarios comenzaron a abrirse. La tecnología se utilizó para facilitar el contacto con el mundo exterior; por ejemplo, mediante el uso de las videollamadas. Otros países establecieron normas y protocolos de seguridad para permitir las visitas de familiares y abogados/as de forma segura.
Si bien en los sistemas penitenciarios de la región se están implementando progresivamente medidas alternativas para comunicarse con el mundo exterior, es importante señalar que el contacto con el exterior es esencial para las personas privadas de libertad, especialmente para mantener los vínculos afectivos. Por lo tanto, se debe priorizar el contacto humano significativo, con protocolos de bioseguridad adecuados, apoyados por el uso de la tecnología, como las videollamadas.
Tendencia 3. Los órganos de monitoreo de la detención demostraron su capacidad adaptación y resiliencia
Los lugares de detención en América Latina y el Caribe son supervisados por diversos organismos, como las instituciones nacionales de derechos humanos, los mecanismos nacionales (y locales) de prevención de la tortura y, en algunos países, por organizaciones de la sociedad civil. Durante la pandemia, estos organismos de vigilancia demostraron su capacidad de adaptación para hacer frente a los retos que planteaba la crisis y continuar con su labor.
En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos continuaron visitando las cárceles, siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad.
En Panamá, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención realizaron inspecciones conjuntas al Centro de Rehabilitación de Mujeres para identificar las medidas implementadas por las autoridades penitenciarias para prevenir la transmisión de la COVID-19.
En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos creó una Guía General para la Supervisión de la Emergencia Sanitaria COVID-19 y realizó una capacitación virtual sobre el uso de elementos de protección personal.
Sin duda, los órganos de vigilancia seguirán realizando su trabajo y elaborando recomendaciones para mitigar que los impactos de la pandemia y prevenir los malos tratos, incluso la tortura, en las cárceles y otros lugares de detención. Ahora es necesario trazar rutas de trabajo para implementar las recomendaciones que emitan.
Tendencia 4. Los datos y los sistemas de información son esenciales para diseñar políticas públicas integrales basadas en la evidencia y promover la toma de decisiones informadas
Nuestro proyecto de Mapeo Digital ha puesto de manifiesto que siguen existiendo brechas de información en los sistemas de detención y justicia penal de América Latina y el Caribe, especialmente respecto de la información relativa a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Esta iniciativa ha demostrado que la producción y el acceso a la información son esenciales para identificar los patrones de comportamiento del virus en los lugares de detención y así prevenir brotes en el futuro. Por último, ha revelado que los retos experimentados y las formas de responder son muy similares en la mayoría de los países.
Nos encontramos en un momento crucial en el que podemos replantear nuestras intervenciones e incorporar valiosos enfoques preventivos y de atención diferenciada. Ahora sabemos cómo se mueve el virus, sus impactos, los efectos de la desinformación y que la reducción de la población carcelaria es alcanzable y sostenible. En particular, la pandemia ha puesto de manifiesto que ha llegado el momento de replantear el uso sistemático de la privación de libertad en las Américas.
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