El día internacional de los Derechos Humanos es un tiempo de esperanza. Es un día que nos recuerda todo lo que tenemos en común y el mundo que aspiramos crear juntos y juntas. En un año sin precedentes, es muy importante reafirmar nuestra visión compartida de un mundo mejor.
En 2020 hemos conmemorado el 75 aniversario de las Naciones Unidas, con la consulta global lanzada por el Secretario General de la ONU consistente en escuchar directamente la visión que tienen las personas del futuro. Más de un millón de personas hemos respondido. Una rápida recuperación de la pandemia de la COVID-19 fue la prioridad número uno para la gran mayoría. Igualmente importante, sin embargo, ha sido la forma en la que nos estamos recuperando, con personas demandando la necesidad de solidaridad internacional, así como la necesidad de acabar con la pobreza y las desigualdades en aquellos países con mayor incidencia de casos de la COVID-19.
La enfermedad de la COVID-19 nos ha afectado a todos y a todas. Sin embargo, algunos colectivos han estado inmersos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Han visto desigualdades en el acceso a sus derechos humanos fundamentales, como agua potable y sanidad, salud y educación, que han devenido todavía más arraigados en el transcurso del año.
En APT, hemos visto de primera mano el impacto que la pandemia ha tenido en la justicia y en los sistemas de detención. Las personas privadas de su libertad sufrieron las consecuencias de la COVID-19 de manera especialmente dura. El virus se ha propagado a gran velocidad en lugares cerrados y sobrepoblados. Escaso acceso a agua potable y la imposibilidad absoluta de mantener distanciamiento físico, sitúan a las personas privadas de libertad - y a aquellas encargadas de su cuidado - en un mayor riesgo de infección. Las medidas impuestas para limitar la propagación del virus, incluida la restricción de visitas por seres queridos a los centros de detención, solo han incrementado el sentimiento de aislamiento y ansiedad. En algunos lugares también han incrementado el miedo y la violencia.
La COVID-19 también ha expuesto graves debilidades de nuestros sistemas de justicia, con algunos procedimientos – incluidas las audiencias de custodia, que son una herramienta vital para la lucha contra la tortura y los malos tratos - suspendidos o remplazados con audiencias virtuales.
En todo el mundo, son muchos los gobiernos que han impuesto estrictas medidas para prevenir la propagación del virus. Algunos también han impuesto estados de emergencia y duras condiciones de confinamiento. Lo que ha sido particularmente alarmante ha sido el uso excesivo de la fuerza que han usado varias agencias encargadas de velar por la aplicación y cumplimiento de la ley. Han usado la fuerza para imponer el toque de queda y otras restricciones, especialmente en los barrios pobres y marginales.
Estas restricciones no han conseguido frenar a las personas que han protestado en las calles a lo largo del 2020, uniendo sus voces de urgencia por una sociedad más justa. En numerosas ocasiones, sin embargo, estas protestas pacíficas fueron reprimidas con violencia por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo dispersiones, golpes, el uso de gas lacrimógeno y granadas. En algunos casos, las personas manifestantes fueron asesinadas o han desaparecido.
A pesar de estos desafíos, hay buenas razones para tener esperanza. Aunque la COVID-19 ha significado restricciones para todos nosotros y nosotras, también nos ha ayudado a pensar y actuar de forma diferente. Y los cambios que hicimos, los hicimos ágilmente, adaptándonos. Por ejemplo, en cuestión de pocas semanas, algunos Estados tomaron la audaz decisión de aplicar medidas alternativas a la detención, un enfoque que la APT y otras organizaciones han defendido durante años. En términos más generales, la discriminación, el racismo y los prejuicios de género se están debatiendo actualmente como causas fundamentales de la violencia de las fuerzas del orden en el seno de las Naciones Unidas, en el marco de un movimiento mundial en pro del cambio.
Nuestra esperanza es que estos cambios ayuden a establecer el camino hacia una "nueva normalidad". Sin embargo, para que nuestras comunidades se recuperen mejor de la pandemia de la COVID-19, necesitamos poner la solidaridad y la dignidad en el centro de nuestros esfuerzos de recuperación.
Juntos podemos hacerlo. El cambio es posible. No tenemos que volver a los viejos patrones después de la COVID-19. Todos y todas podemos contribuir a un mundo que sea justo, equitativo e inclusivo. Un mundo en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean la base de nuestros sistemas de justicia, y en el que la justicia sea accesible para todas las personas.
Un mundo en el que "no dejar a nadie atrás" no sea simplemente una aspiración sino una práctica que se incorpore a nuestras leyes y políticas.
En la APT, este es el mundo que queremos, ahora y después de la COVID-19. Y este es el mundo que nos esforzamos por lograr en nuestro trabajo, a través de asociaciones, diálogo, innovación y, sobre todo, solidaridad.