La pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis multidimensional sin precedentes en América Latina y el Caribe.[1] La primera etapa de respuesta a la pandemia se ha centrado en contener la crisis sanitaria. Sin embargo, las consecuencias socioeconómicas de estas respuestas también resaltaron la urgente necesidad de enfocarnos en el impacto en las instituciones de justicia y seguridad en la región.
En el reciente Documento de trabajo del PNUD “Sistema Penitenciario y emergencia COVID-19” se identifican los tres principales desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios en la región antes de la pandemia:
- Altas tasas de encarcelamiento, con un estimado de un millón y medio de personas privadas de libertad.[1]
- Sobrepoblación severa en las prisiones - que promedia un 64% en la región - siendo de las más altas del mundo.
- Retrasos procesales, con un preocupante porcentaje del 36.3% de personas privadas de libertad de forma preventiva.[2]
A este frágil escenario, se suman ahora los nuevos desafíos derivados de la pandemia. Por ejemplo, la falta de acceso de agua potable[3] y la imposibilidad de un debido distanciamiento físico en los centros de privación de libertad sobrepoblados, tienen un impacto directo en la salud y la seguridad de los y las privadas de libertad. Además, en los sistemas penitenciarios se han debido tomar medidas -como la restricción de visitas, o la revisión de medidas cautelares, procurando no afectar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ni de sus familiares que les visitan.
En este contexto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) establecieron una alianza estratégica para crear el Mapeo Digital COVID-19: Justicia y Privación de Libertad.
Esta herramienta en línea documenta las respuestas que 31 países de América Latina y el Caribe[4] están adoptando para atender los desafíos generados por la COVID-19 con relación a los centros de privación de libertad. Nuestra meta es proveer datos e información actualizados que puedan guiar políticas basadas en evidencia que permitan responder a la crisis, transformando a las instituciones de justicia y seguridad con un enfoque basado en los derechos humanos.
Este mapeo digital, ya cuenta con más de mil documentos disponibles[1] en la base de datos, lo cual nos permite realizar algunas primeras reflexiones para apoyar a la gestión penitenciaria en sus esfuerzos por garantizar un enfoque basado en los derechos:
Comunicación efectiva y transparencia para tomar decisiones basadas en evidencia
Es elemental que los países produzcan información confiable, garanticen su difusión y provean acceso a la misma para contar con procesos de transparencia y de rendición de cuentas adecuados.[2]
Por ejemplo, tener información sobre el número de casos de COVID-19 en los lugares de detención o al interior de los tribunales de justicia, permite desarrollar mecanismos de monitoreo y alerta temprana para ubicar dónde se requieren medidas para reducir el riesgo de contagio, y así evitar obstrucciones o dilaciones en el acceso a la justicia a causa de la crisis.
Tal como lo muestra nuestro Mapeo Digital COVID-19: Justicia y Privación de libertad, en Costa Rica y Panamá las autoridades penitenciarias publican boletines informativos periódicos en sus páginas web para informar sobre el número de casos de COVID-19 en las prisiones. Asimismo, en la Rama Judicial de Puerto Rico se informa con frecuencia sobre las medidas tomadas cuando alguna persona funcionaria da positivo a la COVID-19.
Enfoque diferenciado y Plan de emergencia integral para responder a la COVID-19
Sabemos que los riesgos asociados con la COVID-19 son mayores para diversos sectores de la población, especialmente para las personas mayores y para quienes viven con enfermedades crónicas y auto inmunes, entre otras. Por ello, las respuestas gubernamentales en los sectores de justicia y seguridad deben ser diseñadas e implementadas para dar una protección especial a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad frente al virus.
Por ejemplo, en Argentina, se desarrollaron protocolos para prevenir los contagios por la COVID-19 enfocados en las necesidades específicas de las personas mayores. Asimismo, en Chile se decretó una Ley que concede indulto y que ha beneficiado a 1.700 personas en prisión especialmente vulnerables[3].
El rol de la cooperación y el intercambio de lecciones aprendidas para una “Vuelta a la normalidad mejorada”
Desde inicios de la pandemia, los gobiernos, organizaciones internacionales, la academia y actores relevantes han registrado sus experiencias y lecciones aprendidas para la gestión de los sistemas penitenciarios y de privación de libertad. Esto presenta un momento neurálgico en el que podemos reforzar los canales de comunicación entre los gobiernos de la región y construir sistemas de justicia que brinden respuestas más efectivas e inclusivas para repensar políticas públicas innovadoras que respondan a las necesidades de las personas privadas de libertad.
La herramienta del Mapeo Digital, es nuestra contribución a este importante proceso. Queremos asegurar que todos los actores puedan tener un panorama sobre las distintas iniciativas y medidas que los gobiernos tomaron y continúan tomando. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo, el intercambio de información y elementos para la acción.
La mirada hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) debe reforzarse
La crisis por la COVID-19 provee una oportunidad para identificar y priorizar nuestros esfuerzos para impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Lograr la paz, el acceso a la justicia y la transformación de instituciones inclusivas implicará consolidar la implementación de los ODS para la sostenibilidad de la región.
El Mapeo Digital COVID-19: Justicia y Privación de Libertad, identifica vínculos entre las respuestas implementadas por los gobiernos de la región y la implementación de la Agenda 2030. Esto lo hace con especial énfasis en los ODS 3 sobre salud y bienestar; el ODS 5 relativo a la igualdad de género; el ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas y el ODS 17 sobre alianzas para alcanzar los objetivos.
Esta iniciativa conjunta es un puente de reflexión y aprendizaje sobre la actual gestión del sector penitenciario en la región y establece lineamientos para que los derechos humanos se protejan aún en tiempos de crisis y, en consonancia con la Agenda 2030 para “no dejar a nadie atrás".
Jairo Acuña - Alfaro
Líder de Equipo de Gobernabilidad, PNUD América Latina y el Caribe
Audrey Olivier Muralt
Secretaría General Adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura
aolivier-muralt@apt.ch
[1] Universidad Johns Hopkins, local authorities. October 21, 2020.
[2] Con una tasa de 262 reclusos por cada 100.000 habitantes, muy por sobre la media mundial de 145 por cada 100.000 habitantes, según el Informe ”World Prison Population List”, https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf.
[3] Datos del 2017, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, disponible en: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wptril_3rd_edition.pdf
[4] BID, Las cárceles de América Latina y El Caribe ante la crisis sanitaria del COVID-19 , disponible en https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las-carceles-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-la-crisis-sanitaria-del-COVID-19.pdf
[5] Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y las Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
[6] Hasta Noviembre 2020, la plataforma cuenta con 1,181 datos, incluyendo protocolos, órdenes gubernamentales, comunicados de prensa, informes y directrices, entre otros.
[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Estudio Especial sobre el Derecho al Acceso a la Información, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington, D.C. 2007.
[8] Entre los criterios se contemplan patologías previas, con edad avanzada y madres con hijos pequeños.
