Casi el 40% de lxs detenidxs entrevistadxs por la Defensoría Pública de Río de Janeiro sufrieron agresiones físicas o psicológicas o amenazas durante las primeras horas de su custodia, según un informe que recoge dos años de datos.
De lxs 23.497 detenidxs entrevistadxs por lxs defensorxs públicxs antes de las audiencias de custodia entre septiembre de 2017 y septiembre de 2019, un total del 38,3% informó de alguna forma de abuso poco después de su detención.
Entre lxs que experimentaron violencia, más del 80% eran negros. En el 60% de los casos, el autor era miembro de la Policía Militar.
"Sin embargo, muchxs detenidxs restan importancia a la violencia que experimentan como parte 'normal' de su arresto y detención", dijo Sylvia Dias, Representante Nacional y Asesora Jurídica Superior de la APT en Brasil.
Estas cuestiones se plantearon en un seminario web organizado por la Oficina de Defensa Pública de Ceará, en colaboración con la APT, el Consejo Nacional de Justicia y la Oficina de Defensa Pública de Río de Janeiro.
Más de 30 defensores públicos de Ceará participaron en el evento, en el que se exploró cómo pueden utilizar su función para prevenir la tortura a través de audiencias de custodia.
"Como se discutió en el seminario web, una de las funciones importantes de un.a defensor.a público.a es asegurar a su cliente que la brutalidad policial de cualquier tipo es ilegal y puede ser planteada directamente a un juez durante una audiencia de custodia", dijo la Sra. Dias.
Lea cómo las alegaciones de tortura cayeron significativamente después de que se suspendieran las audiencias de custodia en Brasil debido a la COVID-19, y los exitosos esfuerzos de defensa de las organizaciones de la sociedad civil, incluida la APT, para reafirmar la necesidad vital de las audiencias cara a cara.
Desde 2015 se celebran en Brasil audiencias de detención para determinar la legalidad de la detención de una persona y decidir si ésta debe ser enviada a prisión preventiva.
Como lxs detenidxs son presentadxs ante el tribunal dentro de las 24 horas siguientes a su detención, lxs jueces pueden preguntar sobre las condiciones que rodean su detención y verificar cualquier prueba de tortura física o psicológica o de malos tratos.
Lxs defensorxs públicos deben entrevistar a lxs detenidxs en privado antes de la audiencia, asegurando su confidencialidad, e indagar sobre cualquier presunta violencia o abuso policial. También deben documentar debidamente cualquier prueba disponible.
Como parte del seminario web, la Oficina de Defensa Pública de Río de Janeiro presentó sus directrices institucionales -que ahora siguen todos lxs defensorxs públicxs del Estado- sobre la forma de entrevistar a lxs detenidxs acerca de las denuncias de tortura o malos tratos y luego sistematizar y registrar esa información en una base de datos institucional.
"Además de defender a las personas que han sufrido abusos, lxs defensorxs públicxs pueden utilizar los datos que recogen para identificar las pautas de violencia policial, las personas que corren mayor riesgo y las intervenciones estratégicas que podrían romper esos ciclos. Esta es una dimensión preventiva clave de las audiencias de custodia". La Sra. Dias dijo.
"Reformar las leyes, políticas y procedimientos para evitar que se produzcan torturas es la mejor manera de proteger la seguridad y la dignidad de las personas detenidas".
La Sra. Dias dijo que esperaba que protocolos institucionales como el desarrollado en Río de Janeiro inspiraran a otras oficinas de defensa pública en sus esfuerzos por fortalecer las salvaguardias y frenar la violencia policial.
"La APT está comprometida a apoyar a las oficinas de defensa pública de todo el país, incluida la Oficina de Defensa de Ceará, para desarrollar iniciativas prácticas que respondan a las cuestiones que ven y a los recursos de que disponen", dijo.
