¿Cómo se han enfrentado a la pandemia las cárceles brasileñas?

En una cárcel de São Paulo, Brasil, durante el mes de abril de 2020, un hombre desesperado, privado de libertad, le escribió una carta de amor a su amada:

—“Tengo miedo de lo que pueda pasar. Quiero que sepas que eres la mejor mujer del mundo. En tan poco tiempo, me has hecho muy feliz y me has completado, hasta ahora solo me enorgullezco de nuestra relación. Me siento el hombre más feliz del mundo. Espero que nunca me olvides. Porque, donde quiera que esté, nunca te olvidaré”[1].

La carta fue escrita después de que el hombre descubriera que 30 presos aislados en su mismo establecimiento esperaban la confirmación sobre si estaban o no infectados de la COVID-19:

—"Hay 30 prisioneros aislados en espera de confirmación. Hay un empleado que llora y dice que tiene una familia que teme contraer el virus. Y no tenemos a nadie. Lo único que nos queda es rezar. Y pedirle a Dios que nos proteja. Incluso prohibieron la visita del abogado. La única persona que podría hacer algo por nosotros"[2].

Este relato muestra las condiciones de las cárceles brasileñas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. De hecho, centrarse sobre esta cuestión es fundamental. Brasil tiene una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo. Aunque hay 748.000 personas privadas de libertad, el sistema penal solo tiene 442.000 plazas disponibles[3]. En algunos establecimientos, la tasa de hacinamiento es del 300%. En un contexto de “normalidad”, como consecuencia de las malas condiciones carcelarias, la tasa de mortalidad por causas naturales es de 52 personas por cada 10.000 personas privadas de libertad, un indicador seis veces mayor en comparación con la población brasileña en general.

Con la pandemia, el riesgo que representa el virus en los espacios de privación de libertad, en términos de transmisión y daño a los que se infectan, es mucho mayor que el del “mundo libre”, lo que sin duda empeorará este número. Las pésimas condiciones estructurales de los establecimientos, sumadas a la falta de atención medica básica, son poderosas herramientas para la propagación del virus y el aumento de los niveles de mortalidad.

¿Cuáles son las medidas adoptadas por la administración penitenciaria en Brasil como resultado de la pandemia?

Brasil es un país federal. Así, las agencias federales, como el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), producen orientaciones basadas en leyes nacionales, las cuales pueden ser obedecidas o no en los distintos estados del país. En marzo, al inicio de la pandemia, el CNJ instó a los actores penales estatales a disminuir el número de personas privadas de libertad, en especial las personas mayores, embarazadas y las personas detenidas con enfermedades crónicas. Además, solicitó que los estados creasen planes de contingencia en sus sistemas penitenciarios para la adopción de medidas tales como proporcionar suministros de higiene en las cárceles.

Sin embargo, parece que diseñar una política para reducir los peligros de la pandemia en las cárceles no es una preocupación de las administraciones penitenciarias estatales. Las directrices del CNJ no se han respetado de manera efectiva.

Entre marzo y junio de 2020, en todo Brasil hubo 32.500 liberaciones de detenidos que presentaban un problema de salud, que tenían más de 60 años o que eran mujeres embarazadas[4]. Este universo representaba menos del 4,3% de las personas detenidas. Esta medida no alcanzó a otros grupos de personas, como las personas detenidas provisionales, porque existe una gran resistencia por parte de la administración pública y de los/las jueces/zas a la adopción de medidas de liberación de la prisión, ante el temor de que los ciudadanos no estén protegidos.

A su vez, los pocos planes de contingencia desarrollados por los estados se centran más en los/as funcionarios/as penales, en detrimento de las personas detenidas. Así, presentan acciones tales como un mayor uso de alcohol y mascarillas por parte de estos/as profesionales. Además,  no existen medidas para hacer pruebas sistemáticas de la COVID-19 a la población privada de libertad, lo que impide conocer en profundidad la situación real de las cárceles durante la pandemia. Al final de este escenario no será posible saber cuántas personas en contacto con instituciones penales (personas privadas de libertad y funcionarios/as) han sido infectadas por el coronavirus.

En verdad, las imprecisiones sobre el impacto de la COVID-19 en las cárceles ya son un problema real. En 25 de junio, apenas 11.712 personas habían sido testadas, es decir, menos del 1.5% de la población privada de libertad en Brasil[5]. Entre las personas testadas, 4.045 personas confirmaron la infección (35%). Hasta ahora, 59 murieron y el primer óbito se registró en abril de 2020. En vista de esto, la tasa de mortalidad en el país es de ocho personas por cada grupo de 100.000, una de las más altas del mundo, solo por detrás de los Estados Unidos[6]. Teniendo en cuenta que Brasil es uno de los países en los que menos pruebas de la COVID-19 se hacen en el mundo, es posible especular que hay muchas más personas presas infectadas y fallecidas a causa de la COVID-19, lo que probablemente lo pone por delante de otros, según las estadísticas.

Como otra prescripción, el CNJ recomendó que se mantuviesen las visitas familiares en las cárceles durante la pandemia. No obstante, todavía en marzo, una de las primeras acciones adoptadas por los gobiernos de los estados fue la prohibición de las visitas, con la justificación de que los familiares y los amigos de las personas presas podían transmitir el coronavirus desde fuera a las cárceles. Se ignoró que los funcionarios entran y salen de los establecimientos penales diariamente, lo que también genera, según esta perspectiva, riesgos de contaminación.

Esta medida produce sufrimiento mental a las personas detenidas, lo que se interpreta como una forma de castigo y tortura. Además de ser esenciales para llevar materiales básicos a los presos en un ambiente altamente precario, las visitas son mecanismos de afecto e información sobre la vida doméstica. Impedir el contacto entre los detenidos y sus familiares exacerba las violaciones de derechos y aísla a la cárcel del mundo exterior. Lejos de evitar la contaminación del nuevo coronavirus, esta medida genera en la población carcelaria sentimientos de revuelta.

¿Qué podemos esperar frente a esto?

Ante el escenario de la COVID-19, sería contradictorio hacer predicciones muy positivas sobre las posibles consecuencias del virus para las vidas de las personas privadas de libertad en Brasil a corto, medio y largo plazo. Por eso se esperan:

               a) más muertes, aunque el problema de sub-registro seguirá oscureciendo las cifras reales de lo que efectivamente significa la enfermedad en las cárceles;

               b) un gran número de rebeliones con violencia e incluso muerte, ya que estos eventos son y seguirán siendo utilizados como estrategias por los detenidos para ser escuchados sobre las precarias condiciones de privación de libertad y para que establezcan algún tipo de contacto con el mundo fuera de la prisión;

               c) situaciones de violencia cometidas por agentes del Estado, porque existe la comprensión de que, el uso excesivo de la fuerza, es la forma más eficaz para mantener el orden y para imponer miedo.    

Los imperativos de seguridad pública y disciplina se sobreponen a la vida de las personas privadas de libertad, lo que se refuerza en este contexto de pandemia. Desafortunadamente, las leyes ya existentes, las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Justicia y las medidas emitidas por otros organismos de Derechos Humanos, no son respetadas en Brasil. Si fuera así, muchos de los problemas generados por la COVID-19 no serían tales, garantizando la vida y una condición de privación de libertad un poco más digna.

Las cartas de amor seguirían existiendo solo para hablar sobre el amor. No serían usadas, en una actitud de desesperación, durante una pandemia para decir “adiós”.