El 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, George Floyd fue torturado y asesinado por un oficial de policía. Este episodio desencadenó protestas nacionales y mundiales contra el racismo sistémico y la brutalidad policial. El racismo sistémico es una causa fundamental de la tortura y los malos tratos, y el artículo 1 de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas reconoce "todas las formas de discriminación" como un elemento de la tortura. Hoy en día, es crucial que tomemos medidas proactivas y concretas para desmantelar el racismo y la discriminación en nuestros sistemas políticos, económicos y sociales. El asesinato de George Floyd es un trágico recordatorio de que el racismo sistémico engendra violencia e impunidad.
Esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra organizó un debate urgente sobre "las actuales violaciones de los derechos humanos de inspiración racial, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra las protestas pacíficas", a raíz de la petición de un grupo de países africanos encabezados por Burkina Faso. Durante el debate, celebrado el 16 de junio de 2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que se reformaran determinadas instituciones y agencias encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo; y que se adoptaran medidas para hacer frente al "racismo generalizado que corroe las instituciones de gobierno, afianza la desigualdad y es la causa de tantas violaciones de los derechos humanos".
En informes recientes de todo el mundo también se señala un aumento significativo de los asesinators y otros casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en el contexto de las medidas de emergencia de COVID-19. Se ha informado ampliamente de que esas prácticas ilícitas se han dirigido en gran medida a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, que ya se ven afectadas de manera desproporcionada por el virus. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluida la policía, también se han enfrentado a importantes problemas para hacer cumplir las medidas de emergencia destinadas a dominar la pandemia; responder al aumento notificado de la violencia doméstica, así como a las nuevas formas de delincuencia; prestar un apoyo más amplio al personal de atención de la salud; y elaborar alternativas apropiadas a la dependencia de la detención y el encarcelamiento. Siguen desempeñando sus funciones habituales en un entorno rápidamente cambiante de gran incertidumbre y ansiedad, incluso con respecto a su salud.
En la ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que tendrá lugar la próxima semana, amplificaremos diferentes voces, desde las organizaciones nacionales de la sociedad civil hasta expertos y expertas de las Naciones Unidas, para explorar soluciones concretas a fin de mejorar las prácticas policiales y el respeto de los derechos humanos. En los próximos cuatro años, seguiremos apoyando a nuestras contrapartes en las agencias encargadas de hacer cumplir la ley que ya están en un proceso de reforma, para garantizar que cualquier persona sea tratada de manera justa y sin discriminación. Para que lo que le sucedió a George Floyd, no vuelva a suceder
