Borbala Ivany, Andras Kadar, y Andras Nemes (Hungarian Helsinki Committee)
El caso de Hungría ilustra el gran impacto que el contexto político y las expectativas generales pueden tener en la prevención de la tortura. En Hungría existe una discrepancia interesante entre el desarrollo constante del marco jurídico por una parte y las tendencias en cuanto a la frecuencia de los malos tratos por otra.
Esta discrepancia se debe principalmente a la influencia del contexto político en las prácticas implementadas por las autoridades. Debido al aumento drástico de los índices de delincuencia tras la transición democrática, las mejoras innegables del marco jurídico tuvieron un efecto limitado: la frecuencia de los casos de malos tratos ha seguido siendo relativamente elevada. La mejora del marco jurídico ni tuvo un impacto ni redujo de manera significativa el número de denuncias por tortura hasta que disminuyó la agitación de los primeros años de transición y se instauró una política penal menos restrictiva que se centraba más en las salvaguardias.
En Hungría, se observa en pocos casos la enmienda manifiesta de la legislación para reducir el grado de prevención de la tortura. Sin embargo, en algunos casos las enmiendas legislativas dispersas que introducen cambios positivos no han podido remediar los problemas centrales de un área concreta. No obstante, desde el período en el que se hacía más hincapié en el orden público que en la defensa de los derechos (es decir, en la época posterior a las elecciones de 2010, cuando el número de denuncias por malos tratos alcanzó un nuevo nivel máximo tras los primeros años de la transición), incluso podemos citar ejemplos de enmiendas destinadas expresamente a debilitar ciertos mecanismos de prevención de la tortura reconocidos.
La voluntad política también se ha manifestado en las declaraciones políticas y las instrucciones dadas a la dirección de la policía, que reducen el nivel de implementación de las salvaguardias. El número récord de denuncias por malos tratos registrado en 2010 parece indicar que a pesar de contar con un marco jurídico relativamente bien desarrollado y sofisticado, las autoridades húngaras no son lo suficientemente fuertes tras dos décadas de democracia para evitar cambiar sus prácticas si una motivación política repentina muy fuerte las presiona a obtener resultados, aunque se tenga que pagar un precio elevado por ello.