Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia: Las personas LGBTI sufren continuamente violencia y agresiones por razones específicas de su orientación sexual y/o su identidad de género.
En un informe reciente, la CIDH manifestó que hubo 594 asesinatos de personas LGBTI (o percibidos como tales) registrados entre enero de 2013 y marzo de 2014 en toda América y expresó, además, su preocupación por el alto grado de incidencia de abusos policiales, tales como actos de tortura, tratos inhumanos y degradantes, y ataques verbales y físicos. Existen muchos casos conocidos de agresiones por parte de los agentes estatales, ya sea en las calles, a partir del momento de la detención, o en situación de privación de libertad. Es, por lo tanto, importante trabajar para salvaguardar la dignidad e integridad durante todo el proceso de detención de las personas pertenecientes a la diversidad sexual.
Sin embargo, ¿dónde empieza realmente el problema? Estas personas se enfrentan a una discriminación social, pero también institucional. En privación de libertad, se están haciendo esfuerzos muy valiosos por la protección de sus derechos, pero esto no es suficiente si se les sigue exponiendo a una situación de vulnerabilidad y marginación que tiene como consecuencia – entre otras – un número extremadamente alto de detenciones entre las personas pertenecientes a la diversidad sexual.
Si bien es importante el trabajo de prevención de la violencia basada en la identidad de género y/o la orientación sexual en el contexto de privación de libertad, es igual de importante o más analizar las causas que llevan a estas personas a estar más expuestas a esta violencia y discriminación institucional.
El grupo de las personas transgénero
Existe, principalmente, un problema con el reconocimiento de las distintas características y especificidades de las personas que se identifican como parte de la población LGBTI. Este problema, como afirmábamos antes, procede de la sociedad y queda finalmente institucionalizado, a nivel de comportamiento e incluso de las normativas. Esto genera múltiples situaciones discriminatorias hacia estas personas. Uno de los grupos más afectados por la falta de reconocimiento legal de su identidad, es el grupo de las personas transgénero.
En diversas intervenciones de los y las activistas en defensa de los derechos de la diversidad sexual ante la CIDH, se han presentado multitud de casos de violaciones de sus derechos derivadas de esta problemática, además de peticiones de apoyo para la protección de sus derechos y de su dignidad como ciudadanos y ciudadanas. Una de las petitorias más generalizada es la de la creación e implementación de leyes de identidad de género en los distintos estados de la región latinoamericana. Esto responde a varias razones, algunas de las más importantes se indican a continuación.
Por un lado, el no reconocimiento de las identidades sociales de estas personas, les complica el acceso a la educación y al mundo laboral. Sufren hostigamiento en los centros educativos y, como no se les reconoce en su identidad de género, se les obliga a vestir y actuar de acuerdo con lo que socialmente se considera adecuado a su sexo biológico, basándose en criterios heteronormativos. Esto causa deserción y analfabetismo entre la comunidad trans de la región y así también, desigualdad en las oportunidades laborales. La consecuencia de esto junto con, en muchos casos, el rechazo de las propias familias obliga a estas personas a mantenerse al margen del sistema, provocando que, la mayoría (especialmente las mujeres trans) se vean obligados y obligadas a ganarse la vida con actividades ilícitas o sin reglamentación, como el trabajo sexual, que las someten de manera regular a riesgos para su salud física y psicológica (explotación, discriminación, abuso policial, etc.). De igual manera, por esa falta de reconocimiento de su identidad social por parte del sistema en muchos contextos, no pueden acceder a los sistemas de Seguridad Social y, por lo tanto, a un sistema de salud integral. Además, tienen el problema agregado de la falta de adecuación del sistema de salud para atender a sus necesidades específicas (psicológicas, hormonales, quirúrgicas, etc.) y, por último, viven en un sistema con prejuicios dentro de sus propias normas y con agentes del orden claramente homo/lesbo/transfobos, que condena a estas ciudadanas y ciudadanos a una situación de vulnerabilidad absoluta ante detenciones, justificadas o no y, durante las cuales, sufren continuos abusos y vejaciones.
Es necesario, por lo tanto, modificar las normas, pero también capacitar y sensibilizar a los agentes del orden (policías, magistrados, etc.) y a la sociedad en general, en la no discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual.
Por lo tanto, parece clara la necesidad imperativa de la existencia, no sólo un sistema de monitoreo y protección de los derechos de la diversidad sexual en privación de libertad sino también – como gran parte de las asociaciones activistas por los Derechos de la comunidad LGBTI reclaman – un sistema legal que les proteja y les integre socialmente. Un sistema de justicia social de la diversidad sexual en la región, que les ofrezca las mismas oportunidades que a cualquier otro ciudadano o ciudadana, sin importar la identidad o la expresión de género ni su orientación sexual. Recogeremos de nuevo las palabras de la CIDH en su informe, en el cual exigía a los estados de la región que garanticen “que las personas LGBTI puedan gozar efectivamente de su derecho a una vida libre de violencia y discriminación”
Anna Sanchis es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra, Suiza. Además, es titular de un máster de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Antes de incorporarse a la Oficina Regional de APT en Panamá, donde realizó una pasantía de 7 meses, además de diversos trabajos de traducción y corrección de textos en español, trabajó en diversos ámbitos de gestión y realizó las prácticas del máster en el ámbito de la economía solidaria y el empoderamiento de las mujeres en la Universidad PUC de Minas Gerais, Brasil.
Photo: Marcha por la Igualdad y por una ley de identidad de género / Movilh 2015
