Las personas LGBTI están expuestas a violaciones de sus derechos en todos los niveles de la justicia penal, tanto durante el arresto como después de su liberación. Los riesgos de estigmatización y abuso son aún más pronunciados en los países donde la orientación sexual y/o las expresiones no tradicionales de la identidad de género están penalizadas.
El hecho de que las personas LGBTI representen una minoría de la población carcelaria contribuye a una situación en la que su protección y sus necesidades específicas se ven desatendidas o se pasan por alto. Por lo tanto, es importante que las autoridades establezcan medidas preventivas, como una cuidadosa selección de las personas privadas de libertad que comparten la misma celda. Por otra parte, el confinamiento solitario de las personas LGBTI nunca debería ser sistemático, sino sólo con el consentimiento de la persona en cuestión y por una duración limitada, sin comprometer el acceso a los servicios a los que la persona tiene derecho.
Las personas trans se enfrentan a problemas específicos, especialmente en lo que respecta a la ubicación de su alojamiento en la prisión o en un ala especial de la institución. En la mayoría de los casos, se les aloja automáticamente en función únicamente de su sexo biológico, sin tener en cuenta en particular su percepción del género o los procedimientos de reasignación de género a los que puedan haberse sometido antes de su encarcelamiento. Habida cuenta del alto riesgo de abuso que corren las personas trans, las decisiones de alojamiento deben adoptarse caso por caso, con el consentimiento de la persona interesada.
Qué hacemos
Abogamos por una mayor acción para proteger a las personas LGBTI a nivel nacional e internacional. Trabajando con las autoridades nacionales, aumentamos la conciencia sobre este importante tema y las sensibilidades particulares a las que se enfrentan las personas LGBTI. También realizamos cursos de capacitación con los órganos de monitoreo, que tienen el mandato de realizar visitas a los lugares de detención, para garantizar que se establezcan los mecanismos adecuados para detectar cualquier abuso que pueda producirse y asegurar que no se repita.