Tras una larga demora la nueva Ley del Sistema Penitenciario Nacional de Honduras finalmente entró en vigor

lunes, 7 enero 2013

La ley fue aprobada por el Congreso Nacional en mayo de 2012, mas sin embargo, recientemente fue que entró en vigor como ley con su publicación en la Gaceta oficial. Esta Ley aborda una deficiencia estructural sistémica en el sistema penitenciario del país - la falta de un conjunto normativo de leyes y políticas públicas. La nueva ley crea una institución autónoma, el Instituto Nacional Penitenciario, vinculado al Ministerio del Interior y Población (Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población) el cual es responsable de la organización, la administración y la puesta en funcionamiento del sistema penitenciario nacional.

También establece una carrera civil profesional y especializada para los funcionarios de prisiones y guardias, lo que requerirá que todo el personal apruebe la formación teórica y práctica que ofrece la futura Escuela de Formación del Personal Penitenciario (Unidad de Formación y Capacitación Penitenciaria).

La urgente necesidad de un marco reglamentario adecuado para el sistema penitenciario, definido por política pública y una legislación específica, ha sido una demanda permanente de las organizaciones nacionales de derechos humanos, así como los organismos regionales e internacionales. Después de su visita al país el año pasado, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que Honduras carecía de un verdadero sistema penitenciario y solicitó al Estado la adopción de un estatuto de prisiones de acuerdo con las normas internacionales y la creación de un instituto de prisión dirigido por personal profesional y especializado. Recomendaciones similares fueron emitidas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura en su informe en 2009. El trágico incendio en la cárcel de Comayagua, en febrero de 2012, que se cobró la vida de más de 360 personas, fue una llamada de atención para las autoridades nacionales sobre las condiciones degradantes e inhumanas en las que se encontraban los internos y llevó a la aprobación de la legislación, que había sido discutida por más de siete años.

La APT ha estado abogando por la pronta y efectiva implementación de la reforma penitenciaria. En septiembre pasado, la APT y el Mecanismo Nacional de Prevención de Honduras, (Comité Nacional contra la Tortura, Conaprev) convocaron una reunión de expertos para generar debate y sinergias entre las partes interesadas sobre las medidas para aplicar la Ley Penitenciaria. El taller reunió a representantes de las organizaciones de la sociedad civil, Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública, la Oficina del Defensor Público, Ministerio Público y la ONU. Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente de la ONU (ILANUD), presentó las mejores prácticas y medidas para una efectiva reforma penitenciaria emprendida en otros países de la región. Su principal ejemplo fue la reforma gradual en la República Dominicana, la cual cuenta con un Centro de Excelencia sobre Reforma Penitenciaria reconocido por las Naciones Unidas