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La Convención contra la Tortura

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura) fue adoptada en el año 1984 y entró en vigor en el año 1987.

Es el tratado internacional más completo frente a la tortura. El Comité contra la Tortura supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados.

1. La Convención contra la Tortura establece una definición de la tortura.

2. La Convención contra la Tortura obliga a los Estados a adoptar medidas preventivas.

Según se establece en el artículo 2 de la Convención, todos los Estados parte tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para impedir los actos de tortura. Esto incluye medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole que se estimen convenientes. Los Estados también tienen la obligación de evitar otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como se indica en el artículo 16.

3. No existe justificación alguna para la tortura - nunca

El artículo 2.2 de la Convención establece que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales” para justificar la tortura. Esto incluye las situaciones de guerra o amenaza de guerra, la inestabilidad política interna, la lucha contra el terrorismo o cualquier otra emergencia pública. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

4. El principio de no-expulsión

El artículo 3 de la Convención establece el principio de no expulsión, que exige que ningún Estado proceda a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya “razones fundadas” para creer que dicha persona estará en peligro de ser sometida a tortura.

5. Delito específico de tortura

El artículo 4 de la Convención indica que cada Estado parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. El Comité contra la Tortura exige que los Estados parte utilicen, como mínimo, la definición de tortura contenida en el artículo 1 de la Convención.

6. La jurisdicción universal

La Convención obliga a que cada Estado parte establezca su jurisdicción sobre las personas que se encuentren en su territorio y que estén acusadas de haber cometido el delito de tortura, con independencia de que el delito se haya cometido fuera de sus fronteras y con independencia de la nacionalidad del presunto autor, país de residencia o la ausencia de cualquier otro tipo de relación con el país (artículos 5-9). Si el Estado no es capaz de condenar dicho delito, se requiere la extradición del presunto acusado a un Estado que sea capaz y esté dispuesto a condenar dicho delito. Este principio de jurisdicción universal constituye uno de los aspectos más importantes de la Convención.

7. La formación de los funcionarios

En el artículo 10 de la Convención se exige a los Estados parte que tomen medidas para garantizar que en la formación profesional que recibe el personal encargado de la aplicación de la ley (sea éste civil o militar) el personal médico, los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión, se incluya una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura.


8. La revisión de los procedimientos de detención

En virtud del artículo 11 de la Convención, los Estados parte están obligados a mantener sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como los procedimientos de custodia. Estos deben cumplir con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y con el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

9. El derecho a una investigación lo más rápida posible

De acuerdo con el artículo 12 de la Convención, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes de cada Estado parte, deben de proceder a una investigación pronta e imparcial. Esto significa que, incluso en ausencia de una denuncia formal, las autoridades competentes deben realizar una investigación imparcial, eficaz, independiente y exhaustiva en cuanto se reciba información que indique cualquier indicio de tortura o de malos tratos.

10. El derecho de las víctimas a reclamar y obtener indemnizaciones

La Convención establece que las víctimas de tortura tienen derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por las autoridades competentes (artículo 13). Asimismo, en virtud del artículo 14, se garantiza a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.

11. Pruebas inadmisibles

Según el artículo 15 de la Convención, ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento. Esta disposición es fundamental puesto que, al ser tales declaraciones consideradas inadmisibles en los procesos judiciales, uno de los principales objetivos por el que se lleva a cabo la tortura se vuelve superfluo.
 

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